La ministra de Cultura quiere "proteger al libro y no tratarlo como una mercancía sometida a la ley de la oferta y la demanda". Para ello, prohibirá los descuentos a los libros. A lo mejor nos sorprende y se confiesa escritora, lo cual no le daría ningún derecho a tomar esa decisión, pero sí cierto peso moral en el debate. Porque suponiendo que la ministra escribiera libros, ¿qué derecho tendría a decidir sobre los libros de los demás? ¿No es más lógico que cada cual decida lo que vale su obra?
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