La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recoge en su Informe sobre la tortura en el Estado español 2006 cinco denuncias por presuntos abusos de autoridad o malos tratos a ciudadanos, así como diez sentencias dictadas en 2006 y 2007 sobre casos en los que estuvieron implicados agentes de los cuerpos de seguridad. En la mayoría de los casos, fueron absueltos.
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