La Asociación de Internautas (AI) ha presentado ante la Comisión Europea (CE) una denuncia contra la normativa que regula la interceptación legal de las comunicaciones en España, por ignorar, a su juicio, «las garantías constitucionales y comunitarias que protegen su correcta ejecución, como por ejemplo, el hecho de que deban ser ordenadas por un juez».
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