Sigamos tirando de imaginación para un posible escenario de futuro, en el que se articule una gran mayoría social que permita transitar pacífica y democráticamente hacia un sistema económico similar al de la "economía de la rosquilla", en el que se establece un límite de suficiencia para la cobertura de las necesidades básicas por debajo del cual ninguna persona debe encontrarse, y un límite de responsabilidad ecológica por encima del cual tampoco puede actuar nadie.
Imaginaba un escenario en el que la sociedad organizada se unía en torno al Plan Urgente para la Transición Ecológica y la Justicia Social, que contendría un triple decálogo de medidas urgentes que se debían adoptar: un decálogo de medidas a tomar por parte de las instituciones, otro decálogo con medidas a desarrollar por los movimientos sociales, y un tercer decálogo con las cosas que cada persona podía afrontar de manera individual o familiar.
Aquí una propuesta de la primera pata de ese triple decálogo, las 10 medidas a tomar desde las instituciones:
1.- Ley de Garantía de Derechos Básicos y de establecimiento de los Límites Ecológicos. Un panel de personas expertas define los límites ecológicos que tenemos como sociedad, identificando cinco parámetros básicos: el presupuesto de carbono territorial neto, el balance hídrico ecosistémico, la integridad y conectividad de la biosfera, el estado del suelo y los ciclos de nutrientes, y el presupuesto material y de sustancias preocupantes. Cada uno de estos parámetros tiene indicadores y datos objetivos que en adelante se consideran limites infranqueables de cualquier actividad o decisión que se tome. Se establece un presupuesto tope global de consumo de todo ello, que sea compatible con los límites ecológicos.
Sobre la base de esos límites se hace una primera proyección para cubrir todas las necesidades básicas de toda la población (agua, alimentación, energía doméstica, vivienda de uso, educación, sanidad, ropa, cuidados, movilidad de proximidad, justicia y cultura). Estos limites se aplicarán a toda la normativa y a toda la actividad. Inicialmente en muchos casos se hará de manera voluntaria y pedagógica, para ir transitando hacia una obligatoriedad a medida que hay medios para su cumplimiento.
Cada producto o servicio tiene asignado un valor en "Codos", una nueva medida que indica el "gasto" del presupuesto total que supone ese producto o servicio.
La norma blinda el acceso universal a la cesta de bienes y servicios esenciales, con precios regulados y un “piso de suficiencia” financiado vía presupuestos y contratación pública orientada a misión. Todo el entramado anterior de ayudas, subsidios, prestaciones de diverso tipo, se reorientan y concentran en la denominada “Garantía del Bienvivir Común” (popularmente llamada la “tarjeta verde”) que inicialmente se configura como un ingreso básico que se regularizaba con el sistema de pago de impuestos anterior.
Se establece un sistema de impuestos que grava inicialmente al tipo máximo del 99% la percepción de rentas a partir de 200K€ anuales y el patrimonio individual superior a 3M€. Estas cifras se van ajustando posteriormente a medida que el sistema se va desarrollando.
Esta ley incluye una tarjeta cívica digital interoperable para identificar derechos y facilitar la operación posterior de asignaciones universales.
2.- Creación de la Asamblea Ciudadana por sorteo y de la Junta de Garantías Ecosociales. Un decreto-ley inicial y, a continuación, ley específica que instituya una Asamblea de 100 personas sorteadas para deliberación y decisión con amplísimo respaldo, y una Junta de 100 personas con méritos acreditados para vetar decisiones que vulneren límites ecológicos o de cobertura de necesidades. No sustituye al Parlamento, lo complementa, pero introduce ya la lógica de veto ecosocial y consentimiento amplio que vertebra el sistema posteriormente.
3.- Banca Pública para la Transición (BPT) y Fondo de Rotación sin Intereses: Reprogramar la banca pública y unificar instrumentos dispersos en un fondo único de capital paciente sin interés para unidades de producción comunitaria y cooperativas de interés ciudadano. Se financian proyectos que reduzcan “Codos” (huella material/energética) o abaraten lo básico.
Toda la ciudadanía que lo desea, voluntariamente, puede hacer sus depósitos en esta banca pública que financia sin intereses, y se legislan las reglas para que haya entidades privadas que funcionen también del mismo modo. A la banca tradicional se le exige inicialmente un 30% de su actividad financiera en esta línea, lo cual va creciendo luego con el tiempo.
4.- Infraestructura digital pública: IA organizadora, gemelo digital, nube soberana, identidad cívica, y “Patio Federado”. Desplegar las principales herramientas tecnológicas públicas que ayudaran en la gestión posterior de todo el sistema. Esta es la base del ecosistema digital abierto que hace operativa el sistema y que irá creciendo y desarrollándose posteriormente.
5.- Creación del Fideicomiso Cívico del Hábitat. Constituir un trust cívico del suelo, viviendas, equipamientos y suelos fértiles, priorizando rehabilitación y uso sobre propiedad comercializable, con pasaportes de materiales y planes de mantenimiento abiertos. Todo el suelo y todos los inmuebles públicos se incluyen en ese fideicomiso. Se incluyen también el usufructo forzoso de viviendas de propietarios, personas físicas o jurídicas, titulares de más de 5 inmuebles de este tipo. También se incluyen inicial y voluntariamente propiedades privadas de todas las personas que lo deseen, de las cuales se cede el usufructo al fideicomiso, a cambio de exenciones fiscales que gravan al resto, en función de su uso o no uso, y de su alineación con los limites ecológicos. Todas las viviendas del Fideicomiso Cívico se usan para alojamiento asequible sin que se pueda transmitir en ninguna circunstancia la plena propiedad de las mismas.
6.- Programa de Servicio Básico Comunitario (SBC) y Consorcios de Misión. Regulación de un SBC voluntario y remunerado (turnos de 3 horas/semana) en pilares esenciales —alimentación, cuidados, hábitat, movilidad— y creación de Consorcios de Misión público-comunitarios para retos concretos (p.ej., electrificación de logística costera, rehabilitación energética masiva). En un plazo razonable, el SBC voluntario se ampliará y se convertirá en obligatorio.
7.- Compras públicas con “cuentas abiertas” y métrica de impacto tipo “Codos”. Aprobación de un estándar de contratación que exija contabilidad abierta, trazabilidad y una métrica de impacto ecosocial comparable —un precursor de los “Codos”— en cada licitación. Gana quien demuestre menor coste ecosocial a igualdad de resultado. La contratación pública pasa a ser la palanca que orienta mercados hacia el modelo posterior.
8.- Red de Comunidades de Base -“Combas”- y cocinas de barrio como infraestructura cívica. Financiación y apertura de una red de centros de base en barrios y pueblos (las "Combas", de unas 150 personas cada una), con salas de deliberación, cocinas de barrio y bancos de herramientas, que operen turnos comunitarios y atiendan apoyos cotidianos. La Comba es el “lugar” donde la ciudadanía aprende a decidir y a cuidarse, y es básica en el diseño posterior del sistema.
9.- Plan Alimentario Territorial con mosaicos agroecológicos y reservas estratégicas. Se realiza un plan completo para reorientar la actividad primaria de manera que permita la autosuficiencia para alimentar a la población en 5 años, lo que implica ordenar cuencas y valles para autosuficiencia básica: corredores agroforestales, marisqueo y acuicultura artesanal, reservas de grano/legumbre/aceite, contratos de precompra con cooperativas y logística eléctrica de corto radio. Se prioriza lo poco procesado, con cocinas de barrio y trazabilidad.
10.- Movilidad de 15 minutos, desincentivo al vehículo privado y electrificación. Se aprueba un bono único para movilidad que permite a cada persona realizar desplazamientos usando diferentes transportes públicos y que tiene un coste sufragado con la “tarjeta verde”. El uso de otros medios aumenta o disminuye el saldo de la tarjeta verde en función de si están dentro o fuera de los límites. Inicialmente se plantea con un uso voluntario y pedagógico, para ir transitando hacia un uso obligatorio.