La Comisaría de Aguas da el visto bueno a la utilización de las captaciones sin licencia, un proceso administrativo que enfila punto final en puertas de la declaración judicial como imputado del responsable de la empresa familiar que gestiona la finca a las puertas de Doñana

La justicia ha vuelto a darle la razón tras presentar una demanda en la que le pedía al diario dirigido por Joaquín Manso una rectificación por una información que publicó sobre el salario que percibía en RTVE.

Sarkozy fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión por conspiración, delito punible con una pena máxima de 10 años. Antes de entrar en prisión, disfrutó de una condena condicional y un mes para organizar sus asuntos; los otros dos acusados de la misma trama, no corrieron la misma suerte, fueron encarcelados después de la vista. Después presentó un recurso el día que ingresaba en prisión, paralizando la ejecución de su condena, y pese a ser declarado culpable, volvió a beneficiarse de la presunción de inocencia.

Utilizaba para sus negocios a migrantes irregulares, con jornadas de doce horas, sin poder disfrutar de ningún día libre a la semana y con un sueldo muy bajo. El acusado, que es la segunda vez que es condenado por el mismo delito, tendrá que cumplir una condena de cuatro años de cárcel, al aplicar el tribunal la agravante de reincidencia. Además, tendrá que indemnizar a los cuatro empleados que sufrieron esta situación de explotación.

Denuncian “indefensión” al no ser informados para presentar alegaciones contra esta decisión pese a estar personados en la causa, por lo que consideran que se trata de un “acto procesal nulo de pleno derecho” a la vez que critican la “complacencia con los grandes latifundistas” por parte de las autoridades.

Teresa Lorenzo Establier y Salvador Alba incorporan a la querella contra el periodista Carlos Sosa (por revelación de secretos, odio y acoso) una causa reservada del Juzgado de Violencia 1 de Las Palmas en la que ella ejercía como letrada de la Administración de Justicia. En la causa aportada por Lorenzo y Alba se pueden leer no solo la identidad y los detalles de los episodios de violencia sexual, física, psicológica y económica, así como amenazas de muerte sufridos por la denunciante, sino sus escritos de queja contra el juzgado...

El TJUE concluye que la persona afectada debería haber cobrado 60.101 euros en lugar de 10.500 porque todos los trabajadores tienen derecho a las mismas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, también los que están subcontratados, como era en este caso mediante Randstad. Por ello “se opone” a la “jurisprudencia nacional” según la cual la indemnización “es de un importe inferior” para los trabajadores de ETT que para trabajadores en la misma situación pero contratados directamente por la empresa usuaria.

El magistrado cambia por segunda vez de Policía Judicial después de que la investigación se estancara ante la falta de nuevos datos para apuntalar la tesis de la injerencia rusa..

Tras el auto dictado por la jueza instructora en el que la magistrada alertaba de que la “eliminación prácticamente total de medios personales” y la “insuficiencia de los medios materiales” iban a afectar “ineludiblemente” al procedimiento, que investiga los 230 presuntos homicidios imprudentes de la dana, la Conselleria de Justicia aseguró en un comunicado a primera hora de la tarde que iba a garantizar la “continuidad de los recursos humanos” para el juzgado de la dana.

El magistrado Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha admitido a trámite una querella presentada por Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, contra el exjuez Salvador Alba y su pareja, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, por los presuntos delitos de descubrimiento de secretos y desobediencia a la autoridad judicial.

El comisario jubilado ha sido finalmente condenado por cohecho, lo que implica que los jueces dan por acreditado que para elaborar los dosieres sobre terceros que vendía a clientes privados se sirvió de su condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Algo que aparentemente resultaba evidente dejó de parecerlo cuando la Sala de lo Penal, por tres veces, absolvió a Villarejo de este delito al desvincular su condición de policía nacional de la confección de los informes que vendía a precios astronómicos.

Los alumnos no pueden obtener el permiso temporal de residencia en España. Así lo recoge una sentencia de la sala de Lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal madrileño que señala que el denominado "Curso Regular de Espectáculos" que imparte la academia de Nacho Cano no tiene validez porque no tiene la aprobación académica de las autoridades.

Isidro Lozano estuvo un año en la cárcel por el testimonio de dos hombres, uno de ellos familia de su mujer, que lo involucraron en una agresión en la que no había participado. Después de que Isidro demostrara su inocencia, gracias a un recurso extraordinario de revisión ante el Supremo, el Juzgado de Instrucción número 4 de Estepona ha procesado por denuncia falsa a quienes lo acusaron de unas lesiones que él no causó. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para las víctimas de la agresión, ahora investigados y acusados de mentir.

El auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desmonta la pretendida falta de competencia del presidente de la Generalitat Valenciana para asumir el control de la catástrofe y señala que existen indicios penales en la voluntaria "ajenidad" de Mazón entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando asumió el mando en el Cecopi.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor de que se indulte a José Luis Peñas, el ex concejal del Partido Popular de Majadahonda (Madrid) que presentó la denuncia inicial y las grabaciones que permitieron destapar la trama Gürtel. Sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión, era el único de los 12 condenados a más de tres años para el que el Ministerio Público no pidió su ingreso inmediato en la cárcel tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo en octubre de 2020.

Luis Villares ya no formará parte de la sección del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que juzga los eólicos y la concesión del hospital Álvaro Cunqueiro. La nueva presidenta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, María Azucena Recio González, firmó una resolución que lo traslada forzosamente de la sección tercera a la sección cuarta. El cambio complacerá a la Xunta y a la patronal, que desconfiaban de Villares por su pasado como líder de En Marea. Recio, que derrotó hace poco a...

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha presenciado desde la primera fila del banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional cómo la principal prueba contra él por su presunta implicación en la Operación Kitchen se ha terminado de esfumar.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha dado a conocer el fallo contra el editor ultraderechista, uno de los principales activistas hitlerianos en España. El resto de acusados en el procedimiento judicial han sido absueltos.

Las dos magistradas firmantes del voto discrepante analizan y refutan en la sentencia uno por uno los argumentos de los cinco integrantes conservadores. Indican que los testimonios de los periodistas que afirmaron conocer el correo del 2 de febrero de 2024 "resultan creíbles, sin que el reconocimiento del derecho al secreto profesional lleve aparejado que deba restárseles credibilidad". Además, añaden que las pruebas que estos periodistas aportaron en el juicio refuerzan la fiabilidad de sus testimonios.

El caso Hachette v. Internet Archive fue presentado por editores de libros que se oponían a la biblioteca de préstamos digitales del archivo. Cabe destacar que el fallo del tribunal de apelaciones rechaza el argumento de Internet Archive de que sus prácticas de préstamo estaban protegidas por la doctrina del uso justo, que permite la violación de derechos de autor en ciertas circunstancias, calificándola de "poco convincente". Una decisión que podría tener un impacto significativo en el futuro de la historia de Internet.

El hombre, además, ha vuelto, al menos, una vez más a quebrantar la orden de alejamiento. Y lo más grave es que, según el abogado de la familia de la niña, todo sigue igual. No consta que el condenado haya recibido ya el requerimiento judicial que le impide acercarse a la víctima. Si volviera a acercarse a la niña, tampoco tendría que ingresar en prisión.

El caso de un trabajador asturiano despedido después de sufrir un infarto ha terminado en los tribunales con un pronunciamiento claro. La justicia considera que la empresa actuó de forma discriminatoria por razón de enfermedad. La historia arranca en octubre de 2024, cuando el trabajador sufre un problema cardíaco grave, lo que le obligó a permanecer en situación de incapacidad temporal durante un largo periodo, hasta agotar los 545 días máximos previstos por la ley. Apenas unos días después de recibir el alta médica, la empresa le comunicó...

"El médico nunca vio al paciente, y ningún médico presente en el centro evaluó al Sr. Hylton desde su ingreso en la UCI hasta después de que presentara actividad similar a una convulsión que activó el código de emergencia. Fue intubado, pero no se le pudo reanimar y fue declarado muerto". Según los padres, "el anuncio lo hizo un proveedor de 'telemedicina' a través de una pantalla de video". "Ningún paciente daría su consentimiento si le dijeran que no hay médicos en la UCI, y que los médicos van a estar conectados a través de una televisión".