La Comisaría de Aguas da el visto bueno a la utilización de las captaciones sin licencia, un proceso administrativo que enfila punto final en puertas de la declaración judicial como imputado del responsable de la empresa familiar que gestiona la finca a las puertas de Doñana

La justicia ha vuelto a darle la razón tras presentar una demanda en la que le pedía al diario dirigido por Joaquín Manso una rectificación por una información que publicó sobre el salario que percibía en RTVE.

Sarkozy fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión por conspiración, delito punible con una pena máxima de 10 años. Antes de entrar en prisión, disfrutó de una condena condicional y un mes para organizar sus asuntos; los otros dos acusados de la misma trama, no corrieron la misma suerte, fueron encarcelados después de la vista. Después presentó un recurso el día que ingresaba en prisión, paralizando la ejecución de su condena, y pese a ser declarado culpable, volvió a beneficiarse de la presunción de inocencia.

El auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desmonta la pretendida falta de competencia del presidente de la Generalitat Valenciana para asumir el control de la catástrofe y señala que existen indicios penales en la voluntaria "ajenidad" de Mazón entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando asumió el mando en el Cecopi.

Las dos magistradas firmantes del voto discrepante analizan y refutan en la sentencia uno por uno los argumentos de los cinco integrantes conservadores. Indican que los testimonios de los periodistas que afirmaron conocer el correo del 2 de febrero de 2024 "resultan creíbles, sin que el reconocimiento del derecho al secreto profesional lleve aparejado que deba restárseles credibilidad". Además, añaden que las pruebas que estos periodistas aportaron en el juicio refuerzan la fiabilidad de sus testimonios.

Fuentes judiciales advierten que la querella contra Martínez Arrieta por revelación de datos se estrellará contra la sala del 61 del Supremo que preside Isabel Perelló, presidenta del Supremo y CGPJ.

El TSJPV ratifica la pena de prisión, el pago de una multa de 3.240 euros, el abono de una indemnización a la víctima de 1.000 euros y subraya que los insultos por origen nacional vulneran la dignidad humana

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un camarero que se negó a atender a dos clientes por su orientación sexual en un restaurante de Barcelona en 2022. El tribunal le inhabilita durante dos años, en el que no podrá ejercer ningún oficio relacionado con los hechos ni tampoco en el ámbito educativo, y deberá indemnizar a cada una de las denunciantes con 1.000€. Los hechos ocurrieron cuando una pareja pidió un café y el camarero se negó a servirlos alegando que no era posible en ese momento. Entonces pidieron dos zumos de melocotón y, cuan...

Una mujer ha sido condenada por tercera vez por acosar a hombres en Palma. La acusada, rumana de 44 años, aceptó ayer tres meses de cárcel tras declararse culpable en el juicio.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha aumentado a 975.000 euros la indemnización por daños morales reconocida a una joven nacida en el año 2002 en el Hospital San Millán y que fue intercambiada por otra niña nacida en la misma fecha en el centro hospitalario. El Consejo de Gobierno dictó acuerdo por el que reconocía una indemnización de 850.000 euros a cada una de las jóvenes afectadas. Sin embargo, una de las víctimas, disconforme con la cuantía indemnizatoria reconocida por el Gobierno regional, presentó recurso

El Ministerio de Defensa ha formalizado la anulación del contrato con la empresa israelí Rafael Advanced Defensa System en la plataforma de contratación del sector público

En primer lugar, la teniente fiscal incide en que la sentencia concluye que “el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la Cadena SER”. Es decir estiman que García Ortiz fue el filtrador porque la Ser reprodujo el correo intercambiado entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos minutos después de que le llegara al fiscal general.

El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por la publicación de las conversaciones privadas que fueron intervenidas al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el marco de la 'operación Kitchen'.

A lo largo de este año, Acción Contra el Odio ha impulsado 17 denuncias por actos de discursos de odio contra colectivos vulnerables, ocho de las cuales han sido admitidas a trámite y se están investigando. Hemos logrado que la Fiscalía lleve ante los tribunales al agitador ultra Rudy Ruymán y el líder neonazi del grupo Desokupa Daniel Esteve; que una denuncia de la Fiscalía a raíz del proceso judicial iniciado por ACO contra el youtuber Jan Sin Miedo le lleve a comparecer ante una jueza y a tener que cerrar los canales

En cuanto a la responsabilidad civil reclamada por González Amador, por la que pedía una indemnización por perjuicios morales de 300.000 euros, al ser objeto de las manifestaciones de diversos responsables políticos y medios periodísticos achacándole públicamente ser un defraudador fiscal, un delincuente confeso y expresiones similares, la resolución del tribunal afirma que la pareja de la presidenta madrileña no es "un estricto ciudadano anónimo, sino un personaje con notoriedad pública, aunque sea a su pesar".

la Fiscalía se ha posicionado en contra de sancionar a ambos magistrados, confirman a elDiario.es fuentes del órgano. La tesis del Ministerio Público es que ninguno de los dos invocó expresamente su condición profesional para avalar esos comentarios, por lo que sus conductas no pueden ser sancionables de acuerdo a la ley del Poder Judicial y a la jurisprudencia que ha ido moldeando la aplicación del régimen disciplinario de jueces y magistrados.

La jueza estima parcialmente la demanda que Rivera y Villegas defendieron en un juicio el pasado 28 de mayo. Rivera reclamaba 6,1 millones de euros más los intereses correspondientes por los daños y perjuicios causados, mientras que Villegas exigía un millón de euros

La Sala de lo Penal considera que la entidad y varios exdirectivos realizaron encargos ilegales entre 2004 y 2016

El exfiscal general del Estado recurre esta cantidad que asume íntegramente los 65.000 euros por la liquidación de gastos que elevó el letrado, Gabriel Rodríguez Ramos, a los que suma el IVA

Álvaro García Ortiz ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de fijar en 79.942,70 euros los honorarios del abogado del empresario Alberto González Amador que debe abonar en virtud de su condena. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa del ex fiscal general del Estado argumenta que la cifra es “manifiestamente desproporcionada” y propone reducirla a 4.240 euros.

ChatGPT animó a la demandante a reabrir su caso ya resuelto. La demandante despidió a su abogado, e incumpliendo el acuerdo judicial, empezó a inundar el expediente con demandas sin fundamento, y decenas de mociones y notificaciones que no cumplían ningún propósito legal o procesal, ChatGPT redactó esos documentos. La aseguradora afirmó haber invertido mucho tiempo y recursos, y acumulado honorarios sustanciales, respondiendo a las solicitudes. Y pide que se declare que OpenAI violó la ley sobre el ejercicio no autorizado de la abogacía

Los hechos se remontan a 2017 cuando un grupo de personas vertieron mensajes contra los menores en redes sociales. «Tenemos que organizarnos y hacer patrullas por barrios. Ya lo hicimos una vez y limpiar las calles de esta gentuza. Solo entienden la ley del estacazo», reza uno de los mensajes, según se lee en la sentencia. «Y pensar que éstos h.p. nos cuestan más de un millón de euros al año para nada y que pagamos con nuestros impuestos y encima roban y atracan a la mano que les da de comer estos lo único que merecen es meterlo en un pozo...»

Se abre un nuevo escenario en el caso residencias de la Comunidad de Madrid, que seis años atrás dejó uno de los capítulos más oscuros de la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la región. A su nombre se suma como señalados el del ex consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o el ideólogo y firmante de los bautizados como protocolos de la vergüenza -Francisco Javier Martínez Peromingo y Carlos Mur-, que evitaron la atención sanitaria de los internos en lo peor de la pandemia.

Los magistrados de la Sección Segunda han desestimado así el recurso de apelación de Hazte Oír