En la película El bueno, el feo y el malo (Sergio Leone, 1966), el malo, interpretado por Lee Van Cleef, se llama Sentencia, afortunadísimo nombre para villano vista la del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado. Han estado redactando quince días la justificación de un fallo que ya habían hecho público porque se tomaron en serio lo de que empiece ya que el público se va, supongo. Voy a enseñar solo un trozo de prosa de la pluma de estos genios citándose a sí mismos. Sí, me he leído la sentencia. Tengo mucho tiempo libre.

"El volumen de esta sentencia no se invierte en calidad jurídica –existe un resumen de la sentencia de 18 folios; podrían ser incluso menos–, sino que tanta extensión es un producto subsidiario en este tipo de trances: el complejo, cierta vergüenza torera no confesada –pocos son los toreros o jueces que se confiesan a sí mismos el cangui–, la necesidad de dotarse de aparato, empaque y apariencia para acceder a algo que no requiere nada de todo ello. Que no requiere, siquiera, conocimiento del derecho o sensibilidad ante él, sino la intensificac

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha registrado este viernes su baja como miembro del grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado, después de que abandonara la militancia por una denuncia de presunto acoso sexual. Fuentes del PP en el Senado han informado a RTVE que de momento se incorporará al grupo mixto y han explicado que depende de él si deja el acta o no. El PSOE denunció a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la posible comisión de los "delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de.......

Por fin hemos leído la sentencia que condena al fiscal general del Estado por revelar datos reservados. Antes que nada, lo que uno encuentra es un texto que daña gravemente la credibilidad de la justicia española y de todo nuestro sistema democrático.

La eurodiputada y secretaria de Políticas de Podemos, Irene Montero, ha reaccionado duramente a la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Montero ha enmarcado la condena dentro de una estrategia de «golpismo judicial» impulsada por la derecha, y ha criticado al PSOE por su «impotencia» y pasividad ante lo que considera una clara instrumentalización de los tribunales.

La Mesa del Congreso ha aplicado el reglamento de la Cámara Baja y ha suspendido de sueldo y derechos parlamentarios a José Luis Ábalos, después de que este miércoles el Tribunal Supremo haya desestimado los recursos presentados por su defensa y la de Koldo García contra el auto de procesamiento dictado por el juez sobre el caso de los contratos por la compra de mascarillas.

El Gobierno ha decidido tomarse con ironía e incluso algo de burla los argumentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo para condenar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Conocida la sentencia, que el Ejecutivo insiste en que acata, tanto es así que ya ha nombrado a una nueva fiscal general, Teresa Peramato, al menos dos ministros se han tomado casi a broma los argumentos, especialmente el hecho de que cinco de los siete jueces ―las otras dos han emitido un voto particular― den por probado que García “o alguien de su..

La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es solo una victoria a medias para el empresario Alberto González Amador, quien no ha conseguido que los magistrados reconozcan que se vulneró su derecho de defensa concretamente en el procedimiento en el que está imputado por un posible fraude fiscal. De hecho, la resolución cierra la vía a la posibilidad de solicitar la nulidad de las dos causas abiertas contra él, un escenario que habían manejado fuentes judiciales con conocimiento de la estrategia...

Vox ha presentado 12 denuncias contra el presidente y ninguna ha tenido recorrido en los tribunales. El alto tribunal ha inadmitido esta semana una de sus últimas peticiones, la relativa a la repatriación de los activistas españoles de la Flotilla Global Sumud. El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir diez querellas contra el líder del Ejecutivo en lo que va de año, aunque una unificaba en una "causa especial" una docena de demandas relacionadas con la DANA.

Recientes acontecimientos ocurridos en el año 2025 han puesto en el candelero, por enésima vez, el tema de la separación de poderes en España. Declaraciones como las de Yolanda Díaz, ministra de trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno, a raíz de la sentencia condenatoria del Fiscal General del Estado, por parte del Tribunal Supremo, son bastante elocuentes: “[el fallo del Supremo supone] un punto de inflexión que vulnera su mandato constitucional y la separación de poderes”. Por supuesto en el otro lado de la trinchera política... (sigue)

La resolución completa, así como el voto particular de dos magistradas que apuestan por la absolución, establecerá los términos concretos de la condena de inhabilitación del exfiscal general y marcará el camino de su futuro recurso ante el Constitucional. El Tribunal Supremo tiene previsto hacer pública en los próximos días su sentencia más relevante del último lustro: la que ha condenado e inhabilitado a Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una resolución de la que, por .....

La filtración de la noticia de que Martínez Arrieta iba a hacer la sentencia, es decir, que Martínez Arrieta asumía la ponencia que correspondía a la magistrada Polo, tiene dos componentes. El primero es una revelación de datos reservados (artículo 417 del Código Penal) ya que las deliberaciones son secretas. El segundo es que al asumir la ponencia Martínez Arrieta aportaba un dato fundamental. Y es que si Martínez Arrieta asumia la ponencia eso quería decir que se estaba operando un cambio en el Tribunal

El Tribunal Supremo, el máximo tribunal de Francia, ha confirmado este miércoles la condena del expresidente Nicolas Sarkozy por financiación ilegal de campañas en el que es su último problema legal tras haber sido encarcelado recientemente durante casi un mes por otro caso de corrupción y tráfico de influencias. Fue condenado definitivamente por el Tribunal Supremo, aunque él siempre ha negado cualquier irregularidad.

Dolores Delgado ha sido el principal caballo de batalla de la derecha judicial contra la gestión de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. García Ortiz la aupó antes a Fiscal de Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo, pero la sala de lo contencioso-administrativo también anuló esta decisión y acusó a García Ortiz de "desviación de poder". Esta sentencia sirvió de munición a los vocales del Poder Judicial elegidos por el PP para rechazar la idoneidad de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado.

[HEMROTECA] El alto tribunal estima en su auto, recogido por Europa Press, que "es difícil hablar de secreto o de datos reservados en relación con episodios o incidencias --los expedientes disciplinarios que se le han abierto-- que han sido aireadas, difundidas y divulgadas por quien invoca esa confidencialidad"

La estrategia de la derecha para alcanzar el poder, o mejor dicho, para derrocar a aquel poder que no comulga con sus intereses, cuenta con varios frentes. Son muchas las ocasiones en las que ha quedado escenificada la metodología de la derecha política, mediática y judicial a este respecto, siendo uno de los últimos episodios la condena en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Los tentáculos son largos y conviene conocerlos.

Pedro Sánchez ha manifestado su discrepancia con el fallo del Tribunal Supremo que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros, por un delito de revelación de datos reservadosTras lamentar el fallo, respetarlo y acatarlo, ha señalado que una vez abierto el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, hay un segundo paso en toda sociedad democrática que es ver qué otras instancias jurisdiccionales pudieran "dirimir algunos aspectos una vez que se conozca el contenido de la sentencia".

Hoy, la libertad, o la ausencia de ella, es una especie de bocado de aire esferificado que nadie entiende, salvo el que lo quiere entender

"Paradójicamente, el uso de la violencia judicial es tan intenso que ilustra una pérdida. Están perdiendo. Pierden desde hace siete años. Lo que es mucho tiempo. Veremos si el TS, con su violencia, mimetizada ya con la época, con el trumpismo, acelera la victoria. O intensifica, a medio plazo, la derrota. Romper con el Estado de Derecho tiene sus consecuencias. O, al menos, las tenía."

La versión judicial del “quien pueda hacer que haga” de Aznar manda un mensaje inequívoco: están dispuestos a cualquier cosa para tapar sus delitos y para asaltar Moncloa. Sin límites ni escrúpulos, a plena luz del día, el Tribunal Supremo ha consumado la infamia. Con una mayoría conservadora y controlado por el PP -Marchena mediante- por la “puerta de atrás”, no ha necesitado ninguna prueba para decretar una condena que venía atada y bien atada de casa.

Inés Herreros, vocal del Consejo General del Poder Judicial, analiza en Hora 25 la condena del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado

Con el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, formalmente condenado por revelación de secretos -aunque cabe intermediación de recurso-, el juicio mediático y político que se ha sucedido en los últimos meses ha finalizado en un escenario en el que el bulo reconocido por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha ganado la batalla en el ámbito judicial; todo ello frente a los testimonios de distintos periodistas y pruebas de distinta índole que probaban que el correo pudo ser

La líder de Sumar, Lara Hernández, ha asegurado este jueves que la condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo estaba escrita "mucho antes de empezar el proceso", y la ha atribuido a la ofensiva de la derecha contra el Gobierno.

Esta última semana estallaba una auténtica bomba de relojería al conocerse que la Audiencia Nacional había pasado por alto documentación sensible de la denominada Operación Kitchen tales como informes o audios, librando de responsabilidad a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Con todo, puede que el modus operandi no sorprenda tanto si se atiende a los jueces que se situaron al frente de la pieza separada que durante dos años permaneció prácticamente invisible: Manuel García-Castellón y Antonio Piña.

Los dos votos en contra de la condena a Álvaro García Ortiz rebaten todos los argumentos de la mayoría de cinco magistrados, con tesis irreconciliables sobre la solidez de los indicios para atribuirle la filtración del correo o si el contenido de este era todavía un secreto cuando fue publicado

Mur y Busca no se presentan a declarar y los abogados de la acusación pedirán que se dicte una "orden de búsqueda y captura" de los dos exaltos cargos de Ayuso....

La Corte Suprema acordó este viernes que decidirá si el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto es constitucional, ofreciendo a los jueces la oportunidad de revisar lo que durante mucho tiempo se ha considerado una ley asentada desde el siglo XIX. Al aceptar la apelación, la corte está abordando directamente el fondo de una controversia que en gran medida evitó a principios de este año, cuando falló a favor de Trump por motivos técnicos .

Nada de dar subvenciones taurinas a dedo: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado un convenio firmado por la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia, con el que la Administración regional otorgó directamente 1,4 millones de euros a esa institución para que organizara una Fiesta del Toro en 2023 y 2024. La Administración concedió la ayuda sin pasar por un concurso público, por lo que otras asociaciones se quedaron sin la posibilidad de presentar sus ofertas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado, en una resolución unánime firmada por los cinco magistrados de la causa, el intento del PP de anular el dictamen de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que descartó la existencia de motivos de abstención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acuerdo para conceder un préstamo en pandemia a la aerolínea Air Europa, por las posibles relaciones profesionales de su esposa, Begoña Gómez, con filiales de la compañía.

El próximo 17 de diciembre se cumplirá el mandato de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC): Ricardo Enríquez, José María Macías, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, que es el actual presidente. Los dos primeros pertenecen al bloque conservador y los dos últimos, al progresista. Fueron nombrados por el Senado en 2017 y corresponde ahora a la Cámara Alta proponer cuatro nuevos nombramientos, tal y como obliga la Constitución.

Los servicios jurídicos del Govern piden al Supremo que inadmita el recurso de casación presentado por la entidad ultracatólica contra el aval de la muerte digna de la joven parapléjica

IU y PCE se querellaron contra altas autoridades civiles y militares israelíes por su presunta vinculación en el asalto a las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla y la detención de cientos de personas. La misma instancia judicial ha recibido una segunda querella posterior firmada a título individual por cinco españoles que integraron las tripulaciones de las naves asaltadas.

Desde enero de 2025, la Administración Trump libra una verdadera guerra contra los medios de comunicación, en particular mediante costosas acciones judiciales, cierres de medios financiados por el Estado y acoso verbal a los periodistas. Limitar su presencia física en lugares clave del Gobierno, los tribunales y otros lugares relevantes es otra forma de ahuyentar a la prensa. A veces, estas restricciones se dirigen a un medio en particular, mientras que otras veces prohíben el acceso a toda la prensa.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), por unanimidad, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Campo, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Extremadura contra el uso del PIB regional como criterio de reparto del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.