Recientes acontecimientos ocurridos en el año 2025 han puesto en el candelero, por enésima vez, el tema de la separación de poderes en España. Declaraciones como las de Yolanda Díaz, ministra de trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno, a raíz de la sentencia condenatoria del Fiscal General del Estado, por parte del Tribunal Supremo, son bastante elocuentes: “[el fallo del Supremo supone] un punto de inflexión que vulnera su mandato constitucional y la separación de poderes”. Por supuesto en el otro lado de la trinchera política... (sigue)
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Por eso tratan de llevar a delante la ley que la fiscalía, ¿de quién depende? sea quien decida si una querella se desestima o tira adelante. Y por eso, paralelamente quieren prohibir las acusaciones populares. Porque en tal caso, ¿quién va a denunciar la corrupción institucional?
Y así estamos donde los jueces puestos a dedo barren para la mano que les da de comer, sea la que sea.
Y está claro que ni PP ni PSOE han movido un dedo para eliminar esa norma, ya que les beneficia.
Dicho lo anterior, las últimas reformas, que van bastante más allá en cuanto a control del poder judicial, son iniciativa del PSOE. O mejor dicho, de Sánchez.