El ahorro en gasto sanitario se inscribe en un amplio programa de recortes, al que el Ejecutivo alemán se refiere como «paquete de austeridad» y que sigue avanzando en sucesivas reformas y presupuestos generales. Los del 2027, presentados este miércoles por el vicecanciller y ministro de Finanzas, el socialdemócrata Lars Klingbeil, afectan transversalmente a todas las partidas. La mayor cantidad se reducirá el próximo año en el ámbito de las pensiones, 4.000 millones de euros.

El ajuste de hasta 40.000 millones para reducir el déficit y afrontar el rearme afecta a ayudas familiares, sanidad y subsidios, entre otros capítulos

"Echar al final de la cola, cerca de la puerta de la calle, a la mujer extranjera que nos vende la fruta desde hace años, cuyo hijo es compañero del nuestro, que se ha contagiado del mismo virus que infectó al nuestro, que paga el IVA y el IRPF con los que se financia la sanidad pública y las subvenciones o ayudas sociales, que paga la cotización de la que se nutre la caja de las pensiones, que viaja todos los días en la misma línea de metro que nosotros y compra en los mismos comercios, es sacrificar un nosotros grande y ambicioso por otro"

Más de 30 empleados han demandado a Emmasa y piden que se anule el acuerdo aprobado en 2012, por el que también se transformó el plan de pensiones y se suspendieron los pluses por antigüedad. Siete años antes, el Ayuntamiento había decidido privatizar la gestión del ciclo integral del agua y sacar a concurso el servicio público. En 2007, este fue adjudicado por 25 años a la multinacional Sacyr.

Enrique Morales, vecino de Jerez, afronta un desahucio en un mes pese a su extrema vulnerabilidad. Tiene una pierna amputada, movilidad muy limitada y vive con una pensión de 640 euros. Espera desde hace más de 2 años el reconocimiento oficial de discapacidad. Llegó a esta vivienda tras múltiples operaciones, al no estar adaptada la casa en la que vivía. Aunque paga todos los gastos y ha pedido regularizar su situación, la Junta no le ofrece alternativa, porque la vivienda estaba alquilada al padre de su hermano que ahora está en una residencia

Estamos ante una inflación de subsistencia que golpea con mayor intensidad a quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas. En este contexto, una parte muy relevante de los pensionistas, se ve atrapada en una dinámica de empobrecimiento progresivo. mientras se argumenta la necesidad de contención o prudencia cuando se trata de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, no parece existir una restricción equivalente cuando el el gasto es el esfuerzo bélico.

El Gobierno de Javier Milei ha vuelto a meterse con los más vulnerables: las personas con discapacidad. El Ejecutivo argentino incumple con la normativa actual, demorando el pago de prestaciones, e impulsa un proyecto de ley titulado 'Contra el fraude de pensiones por invalidez', que es rechazado por organizaciones sociales y asociaciones civiles. Resulta paradójico tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su absorción por parte del Ministerio de Salud por un escándalo de corrupción.

Si hace unos días en la Argentina, la gente estaba comiendo carne de burro, ahora se sabe que la gente de Córdoba está comiendo gatos, por que el gobierno libertaro de Milei ha recortado el presupuesto para las pensiones de inapacidad o las han suprimido, por lo que los sectores más vulnerables de la población, se ven obligados a comer todo lo que pueden, hasta las mascotas que encuentran por la calle, gatos y todo lo que tenga patas.

El sistema fiscal español está concebido bajo la idea de 'quitar' a quienes más tienen para dárselo a los que menos ganan. Este diseño hace que haya una parte de los contribuyentes que obtiene más de lo público, en forma de transferencias, ayudas o servicios de lo que aporta. Lo mismo sucede en sentido contrario: hay otra porción de hogares que paga más en impuestos de lo que luego obtiene de lo público.

Retirarse del mercado laboral y disfrutar de una merecida pensión de jubilación es el sueño de todos aquellos trabajadores que han cotizado durante años. Sin embargo, la edad para alcanzar ese momento se ha ido retrasando de forma progresiva en España. En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados. Para el resto, con carreras laborales más cortas, el retiro se retrasa hasta los 66 años y 10 meses. Este umbral continuará elevándose hasta alcanzar los 67 años en 2027.

La duda no es menor: si la norma penaliza económicamente a quien decide rehacer su vida sentimental sin contraer matrimonio, ¿está el legislador disuadiendo el ejercicio de una libertad constitucionalmente protegida? ¿Y si el impacto de esa penalización recae de forma estadísticamente desproporcionada sobre las mujeres —quienes siguen siendo las principales beneficiarias de las pensiones compensatorias, precisamente por las brechas de género en el mercado laboral y los roles de cuidado asumidos durante el matrimonio—, opera esa norma como una

El origen del caso se remonta al 23 de marzo de 2023, cuando el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) determinó que la mujer, auxiliar administrativa con funciones informáticas, padecía encefalomielitis miálgica, una patología que le provocaba fatiga extrema, niebla mental, cefaleas y fotofobia, limitando de forma notable su capacidad laboral.

No debiéramos dejar sin respuesta el catastrofismo interesado de quienes llevan cuarenta años haciendo negocio con los planes privados de pensiones. Sufrimos un bombardeo constante desde los medios de comunicación de masas que culpabiliza a los pensionistas de que las personas jóvenes tengan carencias materiales severas. Esta ofensiva busca que cale la idea de que la solución es el recorte de pensiones a los millones de ciudadanas y ciudadanos ya que se podrían así lograr los recursos para que las nuevas generaciones vivan con dignidad.

La situación de la demandante se agravó tras la separación de su marido, cuando, con 57 años, solo pudo reincorporarse al mundo laboral en el sector de la hostelería. (...) La sentencia acredita que la mujer asumió la gestión integral del hogar de manera “exclusiva y excluyente”, incluyendo el cuidado de los dos nietos del marido, que residieron con la pareja durante varios años. (...) El tribunal también concluye que el marido asumió los gastos económicos del hogar durante la convivencia.

El Alto Tribunal aclara que, aunque la pensión se reconozca con efectos retroactivos, esos importes no se reparten entre los ejercicios anteriores, sino que se imputan al año en que la resolución judicial adquiere firmeza. El Tribunal Supremo establece que los atrasos de una pensión por incapacidad deben tributar en el IRPF en el año en que la sentencia adquiere firmeza, aunque el reconocimiento de la prestación tenga efectos retroactivos desde ejercicios anteriores. En la sentencia, el Alto Tribunal da la razón a Hacienda y deja claro que, cua

En el arranque de la campaña de la Renta, expertos y estudios señalan la brecha generacional que hay entre los jóvenes y el resto de la sociedad sobre la necesidad de contribuir a la Hacienda pública. "Los menores de 30 años ven la contribución fiscal como algo asociado a las garantías que el Estado ofrece a pensionistas y parados, pero no a ellos", apunta el consultor Antoni Gutiérrez-Rubí.

Respecto a Ábalos, la investigación ha acreditado que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Es un dinero que utilizó para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagar joyas y flores a una de sus exparejas o costear el salario de la empleada del hogar. Ha habido también otras llamativas revelaciones, como el hecho de que entre 2018 y 2023 “desaparecieran” las retiradas en efectivo de sus cuentas al tiempo que se registraba “un aumento significativo de los ingresos en metálico”. Es un “patrón” que cambió a par

En febrero de 2025, un juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo falló a favor de un padre, extinguiendo -con efectos retroactivos desde 2018- la pensión alimenticia que estaba abonando a su hijo. Esta demanda civil la formuló cuando tuvo conocimiento de que su vástago llevaba años trabajando, pero ni él ni su madre se lo habían trasladado para que dejara de pasarle la pensión.

El Supremo ha amparado a un pensionista de León al que se le hurtó la posibilidad de beneficiarse de la ley de segunda oportunidad y eliminar una deuda de 20.000 euros que mantiene con hasta nueve entidades de crédito. El Alto Tribunal corrige a la Audiencia Provincial y reconoce que no puede atribuirse a este hombre mala fe, ya que se vio 'entrampado' económicamente para ayudar a su hija y sus nietos, dada la precaria situación económica en la que se encontraron en plena pandemia de covid.