[C-P]Decanos de varios Colegios de Abogados,catedráticos,profesores de universidad,jueces y fiscales de toda Galiza.Ellos son parte de los más de sesenta juristas que advierten a la Xunta que su 'Decreto del Plurilingüismo' puede ser inconstitucional.Los expertos presentaron esta mañana una ``Análise xurídico crítica´´ con las bases del Decreto.En ella aseguran que ``los derechos no se pueden someter la votación´´ ,en referencia a la pretensión del Gobierno de que los padres elijan la lengua de varias materias....[C-P]
Comentarios
Feijoo es nacionalista español. De los de Don Claudio el del Ferrol. ¿Qué esperábais?
#2 Sinceramente yo pensé que sólo sería un inútil más, pero se ha revelado activamente dañino. Hace que Esperanza Aguirre parezca sindicalista.
...Basándose en sentencias del Tribunal Constitucional, los juristas prueban que los padres sólo tienen derecho a decidir sobre la enseñanza moral o religiosa, pero nunca sobre la lengua. Esto es un deber del poder públicos.
Más clases en gallego que en español es legal
Además de organizar referéndums sobre la lengua en los centros, la Xunta pretende reducir el mínimo de gallego del 50 al 33 por ciento. Ante esto, los juristas le advierten al Ejecutivo que ?la regulación de los horarios de enseñanza y en las lenguas oficiales tiene que conseguir la plena competencia?. El documento, citando varias leyes y sentencias, prueba que es legal que el gallego disfrute de más horas que el castellano y, por supuesto, el inglés.
El motivo es que la Constitución promueve un apoyo especial a las lenguas que estuvieron históricamente marginadas, para conseguir una igualdad real en el presente. Es decir, la Constitución obliga la que los niños aprendan castellano y gallego, no la que las aulas tengan que ser al 50 por ciento. ?No es cuestión de horarios, sino de resultados?, concluye el Análisis.
Los maestros tendrían que cursar seis años antes de dar clases en inglés
La Xunta del PP también manía en que, a medio plazo, el 33 por ciento de las aulas sean inglés, la mismo porcentaje que en gallego y castellano. Los juristas le responde al gobierno que ?el tratamiento de las lenguas oficias y de lenguas extranxeiras no puede ser equiparado de manera generalizada y obligatoria en el ámbito educativo?.
Además, la profesora Nogueira, en rueda de prensa hoy en Santiago, explicó que la Ley deber a los maestros que impartan clases en inglés a obtener el nivel B2 y acreditarlo con un título oficial.
En la práctica esto obligaría la gran parte del profesorado gallego a aprobar seis años de cursos en las escuelas oficias de idiomas, actualmente ya saturadas de alumnos.
La Ley niega que los niños hablen en una lengua diferente de la regulada para cada materia
La Xunta también estaría violando la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, que el Estado ratificó y por lo tanto tiene rango de Ley. Esta Carta exige la presencia del gallego en todos los niveles, algo que el borrador no garantiza para la enseñanza de 0 a 3 años.
Por último, el documento le advierte a la consellaría de Educación que ni profesores ni alumnos tienen derecho a escoger el idioma de las aulas. La Xunta pretende que los niños puedan hablar en el idioma que quieran en las clases, independientemente de la lengua en la que se impartan los contenidos.
Nogueira, que compareció acompañada de Luis Villares y Héctor López, aseguró que la pretensión del colectivo es que el Gobierno rectifique para evitar que el Decreto entre en una batalla judicial. Para tal fin ya remitieron su Análisis a San Caetano.
http://www.anosaterra.org/index.php?p=nova&id_nova=40425
Con traductor...disculpas si hay algun fallo
Albertito "o trapalleiro"
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/despotis.htm
Es que era una promesa electoral y ya se sabe con las cosas que se hacen deprisa y corriendo sin la opinión de resto de personas (nadie en Galicia lo apoya salvo el PP y alguna asociación de padres de centros concertados) con el rechazo de la Real Academia Galega, los sindicatos (incluso los afines al PP), las 3 universidades, lingüistas, pedagogos, catedráticos de facultades de educación, el propio Ministro de Justicia, ahora los jueces y abogados...