Ha hablado la instancia más alta posible, la Junta Electoral Central: cualquier cargo público que resulte condenado penalmente a inhabilitación deberá abandonar su cargo y entregar su acta en cuanto se dicte la primera sentencia, es decir, aunque ésta se recurra y aún no sea firme. Así de tajante se ha mostrado al pronunciarse oficialmente sobre el caso concreto del alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, que permanece en su puesto a pesar de que la Audiencia Nacional le condenó a ocho años de inhabilitación por prevaricación.
Comentarios
¿Pero no hay gente en el PP, no digamos ya gente honrada sino simplemente gente que no tenga historias con la justicia por delitos que hubiese cometido?
#1 Alguno tiene que haber, que siempre hay algún justo en Sodoma
Y un tribunal caducado 5 años, debe irse aunque no tenga relevo.
Es que piensan que eso sólo es válido para los de Podemos.
En Cataluña esto nos lo sabemos de memoria porque ya han caído unos cuantos, pero a mí me sigue pareciendo una aberración y un exceso absoluto de la Junta Electoral Central.
Si la sentencia no es firme ¿por qué hay que cumplir la pena?
Si luego la sentencia se anula, por el motivo que sea, ¿quién le devuelve a esta persona su cargo?
Es una barbaridad jurídica que està ahora en el TEDH y que espero que pronto haya una sentencia definitiva que tumbe esta práctica.