Respuesta de un empresaurio empresario de Hostelería a una persona interesada en un puesto de camarero
Concluyen que "el hecho de que la lesión tenga etiología común no excluye que el trabajo pueda ser factor desencadenante"
La Policía Nacional de Yecla ha detenido a un hombre y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 39 y los 54 años, como presuntos autores de un delito de tráfico ilegal de mano de obra en labores agrícolas.
El Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao ha estimado la demanda presentada por la viuda de un trabajador fallecido a causa de un adenocarcinoma pulmonar, derivado del amianto, que reclamó un recargo del 50% de las prestaciones por la falta de medidas de seguridad, contra el INSS, TGSS, Cofivacasa SA y Aceros Inoxidables Olarra. Las empresas han sido así condenadas al pago solidario del recargo del 50% de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con efectos desde 2018.
La pandemia dispara las inspecciones y destapa la precariedad laboral. Solo este año, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife han aflorado 1.000 trabajadores en situación irregular, mientras que otros 1.800 han pasado de temporales a indefinidos por estar en fraude de ley. Además, se han detectado cerca de 500 empleados con infradeclaración de jornada.
El Juzgado acepta la reclamación de la enfermera de Huelva y reconoce su derecho a ser indemnizada con 1.258,55 euros por responsabilidad patrimonial de la Administración en los errores que provocaron que se omitiera su llamamiento en la Bolsa de Empleo.
La empresa Sephora despidió a tres trabajadoras por participar en un vídeo de humor en el que denunciaron sus condiciones laborales.
Según la sentencia, la versión del trabajador "cuenta con indicios de verosimilitud" por cuanto él mismo ha aportado pantallazos y mensajes que evidencian que ponía en conocimiento de la empresa los problemas de conexión, y una compañera suya, que compareció en la vista, ratificó los "constantes fallos de conexión".
Una sentencia judicial pionera ha establecido que el periodo del ERTE por covid debe contar como cotizado en una posterior prestación por desempleo ordinario. El caso ha sido promovido por LAB y suscita gran interés en el ámbito jurídico y social por la cantidad de personas afectadas en el Estado.
Estas fueron algunas conclusiones de lo que sucede en Huelva desde el punto de vista del ordenamiento jurídico: 1. Discriminación en la selección en origen 2. Incumplimientos en material laboral 3. Incumplimientos en material de prevención de riesgos laborales 4. Vulneraciones de derechos fundamentales 5. Discriminación por razón de Sexo y Acoso Sexual 6. Indicios de trata laboral 7. Ausencia de dispositivos para el asesoramiento de derechos 8. Insuficientes actuaciones de la Inspección Laboral 9. Insuficientes actuaciones judiciales
En México el trabajo infantil no ha sido erradicado, puesto que el 11.5 % de las niñas y niños de 5 a 17 años, es decir 3.3 millones, realizan ocupaciones no permitidas o bien, realizan quehaceres domésticos no adecuados.
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a seis meses de prisión y multa de 540 euros a dos empresarios panaderos que reconocieron en el juicio haber abusado laboralmente de 18 empleados aprovechándose de su estancia irregular en España y de su escasa formación.
La Inspección de Trabajo comprobó que algunos empleados de Caser realizaban entre nueve y 10 horas de jornada sin que les fuesen reconocidas ni abonadas como horas extraordinarias, por lo que ha procedido a levantar un acta de infracción, según confirmaron en fuentes conocedoras del expediente.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado "procedente" el despido acometido por un banco sobre un gestor comercial de una oficina bancaria del distrito San Pablo-Santa Justa de Sevilla capital que, ante el cierre de dicha sucursal por la "redimensión" de la red de oficinas de la empresa, no aceptó una propuesta de traslado a Andújar (Jaén).
Tal y como recoge el medio Economist & Jurist, la sentencia dice: "No se trata de imágenes relativas a la vida privada del trabajador, sino del registro fotográfico de una actividad dentro del marco de la prestación de servicios, realizada dentro del lugar de trabajo, en hora de trabajo y mientras se desarrolla la actividad laboral".
El tribunal ha destacado que "no cabe duda" que la norma tiene "naturaleza de prevención de riesgos laborales" con lo que tiene que ser "interpretada y aplicada en el sentido más favorable a la finalidad de la misma, singularmente la preservación de la salud de los trabajadores y la evitación de toda alteración de la misma que pueda producirse como consecuencia del trabajo".
Así lo ha considerado el Juzgado de lo Social nº 1 de Cáceres, que ha estimado la demanda interpuesta por un trabajador que sufrió una angina de pecho después de que su empresa, en la que llevaba 25 años, le comunicara que iba a ser despedido.
Partiendo de la doctrina contenida en la STS n.º 174/2021, de 9 de febrero de 2021, ECLI:ES:TS:2021:681 , la Sala de lo Social declara que la empresa carece de la facultad de imponer unilateralmente cualquier clase de servicio mínimo, por mucho que su actividad pudiere estar vinculada a la prestación de servicios públicos de carácter esencial.
El Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid ha emitido una relevante sentencia (disponible en este enlace) en la que por primera vez se obliga a un empresario a readmitir a un trabajador después de declarar improcedente su despido.
En el actual contexto de crisis sanitaria y económica, hay despidos inevitables, pero en otras ocasiones hay directivos que despiden con demasiada alegría, sin considerar los problemas que puede acarrear el despido de un trabajador.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el despido de una azafata que publicó un relato en clave de humor sobre un incidente que la compañía había sufrido en Venezuela, además de ciertas anécdotas de su vida como azafata. El fallo revoca la sentencia del juzgado, que consideró el despido improcedente. Admite que, además de no revestir la gravedad suficiente, se ha vulnerado la libertad de expresión de la empleada.
Al formalizar un contrato de trabajo, es posible establecer un periodo de prueba durante el cual ambas partes pueden resolver el contrato sin necesidad de alegar causa justa, sin preaviso y sin indemnización alguna. El periodo de prueba está regulado en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores que establece que “Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba”.
Trabajadores del campo, principalmente extranjeros, sin contrato, sometidos a jornadas extenuantes, muy por encima de lo legal, sin derecho a un mínimo descanso, y con salarios muy por debajo del convenio. Y, a la más mínima protesta o bajo rendimiento, despedidos. Es el resumen de un nuevo caso de esclavitud laboral detectado en la provincia de Granada, en la comarca del Poniente, en este caso por la Policía.
La Dirección General de Empleo ha denegado a Dominion el expediente de regulación de empleo (ERE) por fuerza mayor que había solicitado esta empresa auxiliar de la térmica de Lada para sus 25 trabajadores al considerar que no se dan las circunstancias necesarias para aprobarlo ya que el desmantelamiento de la central eléctrica de Iberdrola se anunció hace tres años.
La Audiencia Nacional refrenda esta forma de comunicación porque la necesaria adaptación a la realidad social imperante en ese momento obligaba a apartarse de lo que son los hábitos y usos ordinarios en las comunicaciones entre empresario y trabajador.