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Gorgojo_Rojo

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¿Salvaría una Ley de Pandemias la inconstitucionalidad del Estado de Alarma? [35]

  1. En referencia al derecho de libre circulación por las vías y espacios públicos, la sentencia del TC, a mi entender, ha marcado una línea divisoria entre su "suspensión" (que requiere de la previa declaración del estado de sitio/excepción) y su "limitación" (que requiere de una ley orgánica, por tratarse de un derecho regulado en el Título I de la CE).

    Por lo indicado en el último paréntesis, a mi juicio, todos los Decretos-ley dictados por las CCAA imponiendo "toques de queda" (limitaciones temporales al derecho de libertad ambulatoria) son inconstitucionales.

    Podría justificarse la limitación del derecho de circulación al amparo de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, pero dado el órgano al que atribuye la competencia y su parca redacción, considero que estaríamos en una interpretación demasiado forzada

    Art. 3

    Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Otra estocada a los jóvenes [18]

  1. #9 Por supuesto, el empresario puede proceder al despido objetivo de un trabajador (de 75, 65 ó 35 años) por causas objetivas (por ejemplo, ineptitud sobrevenida con posterioridad a la colocación ), pero insisto en que el derecho al trabajo está proclamado por la Constitución, al igual que la proscripción de la discriminación por edad.

    Por otro lado, la legislación laboral permite que los convenios colectivos establezcan cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación si se cumplen unos requisitos (entre los que está el fomentar el empleo)
  1. Elevar la edad legal de acceso a la jubilación (voluntaria) no es lo mismo que eliminar la jubilación "forzosa". La jubilación "forzosa" es un institución que choca con el derecho al trabajo recogido en la Constitución (art. 35.1), aunque es admisible, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, si se dan una serie de requisitos [1) compensación económica, es decir, acceso a una prestación y 2) utilidad social, o sea, contribuir a disminuir el desempleo].

Salida de la crisis. Forma: V asimétrica vs. Q segura [19]

  1. #18 Puede que tengas razón. No obstante, similares dudas que a las que a ti te asaltan tuvo el Constitucional Alemán y recibió las correspondientes explicaciones por parte del Tribunal de Justicia de la UE en sentencia al asunto C‑493/17 que a partir del párrafo 101 contiene razonamientos interesantes sobre el asunto que tratamos (puede verse el texto en curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208741&)
  1. #16 Gracias. Lo que prohíbe el TFUE es la financiación directa a los Estados miembros. No obstante, si se estima necesario para conseguir los objetivos de política monetaria, el SEBC puede operar en los mercados financieros, por ejemplo, comprando y vendiendo valores y otros instrumentos negociables (art. 18 del Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales).
  1. #11 Gracias. Efectivamente, en el déficit de 2020 ha habido que contabilizar el patrimonio neto NEGATIVO de la SAREB por 9.891 millones e incrementar la Deuda Pública en la cuantía de las obligaciones de esta sociedad avaladas por el Estado (34.182 millones según nota informativa del BdE www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefin).
  1. #10 Sobre tu comentario "resulta que incrementar el 0,9 % el sueldo de los sanitarios es el desastre que cargará de deudas a las generaciones más jóvenes" quiero apuntar que:
    1) el incremento no afecta únicamente a los sanitarios (que el año pasado recibieron una paga extraordinaria por su especial dedicación) sino a todos los empleados públicos. En 2020, la retribución de los empleados públicos se incrementó en un 2%, cuando la variación del IPC fue negativa (deflación) en un 0,5%
    2) según el "Programa de Estabilidad 2021-2024, la subida de este año de las remuneraciones públicas supondrá un gasto superior a los 5.000 millones (yo creo que hay un sesgo en exceso) cuando el gasto previsto en vacunas contra el Covid-19 se cifra en 2.436 millones
  1. #12 Cuando utilizo el término "quebrar" me refiero a la situación en la que se encuentra un agente económico (en general una empresa, aunque puede extrapolarse a un individuo o un Estado) cuando su activo (bienes y derechos) es inferior a su pasivo (obligaciones frente a terceros). Desde luego que la quiebra del BCE u otro banco central no discurriría a través de un procedimiento concursal, sino más bien al estilo de Venezuela o de la Alemania de los años 30 (los billetes emitidos perderían aceleradamente su valor como medio de cambio/pago).
    La circunstancia más plausible para hacer quebrar a un banco central (por ejemplo, BdE o BCE) es obligarle a financiar a un agente económico (normalmente su Estado) que no va a cumplir con sus obligaciones, de ahí que un principio básico del derecho comunitario es la prohibición de financiar "directamente" a los Estados miembros (art. 123 TFUE)
  1. #7 Gracias. Respecto a mi afirmación de que la "clase política" es un verdadero problema para nuestro pobre país voy a dar un ejemplo.
    El Consejo de la UE, en Marzo de 2020 y con motivo de la pandemia de Covid-19, confirmó que los Estados miembros podían desviarse, temporalmente, en sus trayectorias para alcanzar los "objetivos presupuestarios de medio plazo" (para España el equilibrio estructural entre ingresos y gastos). Lo anterior quiere decir que los gastos efectuados para combatir la pandemia y sus efectos en la economía no se tendrán en cuenta a la hora de valorar los desequilibrios presupuestarios.
    Pues bien, entre las medidas de gasto que el Gobierno de "coalición" adoptó para 2021 están el incremento de las retribuciones de los empleados públicos (0,9%) y de las pensiones de las Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado (0,9%) que, como todos sabemos, fueron dos sectores de los que menos se vieron afectados económicamente en 2020.
    Por supuesto, instituciones como el FMI señalaron que no veían muy razonable estas medidas (incluso en el Proyecto de Plan Presupuestario de 2021 enviado a Bruselas en Octubre de 2020 se ocultó la subida prevista para los salarios del sector público), pero no hubo ningún partido político nacional que se atreviera a decir que, al menos hasta superar la situación, estos sectores sociales deberían aceptar el sacrificio de congelar su ingresos en lugar de cargar las subidas a la deuda que deberán afrontar nuestras generaciones más jóvenes.
  1. #4 La difícil solución pasa, como bien apuntas, por subir o aplicar nuevos impuestos (esto ya se está discutiendo en Bruselas), controlar los gastos (a mí, personalmente, no me parece de recibo ir anunciando que las remuneraciones de los empleados públicos se revalorizarán conforme al IPC), dar una batalla decidida contra la economía sumergida (asunto en el que llevamos tiempo y tiempo sin avances), etc.

    En todo caso, el primer paso sería que la clase política (que es una verdadera lacra en este país) expusiera a la ciudadanía la delicada situación y pidiera su colaboración para no cargar a las generaciones que nos seguirán, de manera egoísta e injusta, con la enorme losa que representa la deuda.
  1. #4 Gracias, muy amable
  1. #1 El año pasado, nuestro país destino casi 25.200 millones al pago de intereses por la deuda pública que, gracias a la política de compras del BCE, tiene una rentabilidad media en torno al 2%.
    La evolución de las cuentas públicas, según la previsión contenida en el Programa de Estabilidad 2021-2024, es que los déficits acumulados hasta 2023, incluido, supongan añadir otros 220.000 millones al saldo de deuda actual que es de 1.345.000 millones.
    Con estas perspectivas sobre las cuentas públicas y el cese como comprador del BCE, veo muy posible que los inversores privados eleven considerablemente sus exigencias de rentabilidad o, incluso, que eviten en sus carteras la deuda pública española y eso será el fin.

    Por otro lado, el BCE puede quebrar como cualquier otra empresa. En el activo de su balance registra, entre otras cosas, sus derechos contra los Estados miembros (es decir, los títulos de deuda pública que está comprando) y en su pasivo las obligaciones contraídas (por ejemplo, billetes emitidos). El pasivo tiene valor en cuanto lo tenga el activo. Si España no pudiera hacer frente a sus obligaciones supondría un varapalo para el BCE (NO CREO QUE SU QUIEBRA). Si el BCE condona la deuda española, los derechos de sus acreedores (entre otros, los que representan lo billetes en circulación) disminuirían su valor (es decir, se produciría inflación).
  1. La evolución de las cuentas públicas, según la previsión contenida en el Programa de Estabilidad 2021-2024, es que los déficits acumulados hasta 2023, incluido, supongan añadir otros 220.000 millones al saldo de deuda actual que es de 1.345.000 millones.

Sobre las paradojas del Bitcoin [12]

  1. Seguramente me equivoque, pero en el futuro lo del BITCOIN y análogos instrumentos se estudiará en las facultades de Economía junto con el asunto de los tulipanes del siglo XVII.
    Este pronóstico lo realizo en base a que este "dinero" carece del poder liberatorio respecto de las obligaciones (medio de pago), que surge por el ministerio de la ley (en el derecho español: el art. 1170 del Cc.), y su utilización como depósito de valor, por ende, carece de fundamento.

Para cuadrar las cuentas [11]

  1. Como ya se apunta en algún comentario anterior nos queda seguir viviendo a crédito (el ejercicio 2020 se cerró con una deuda pública del 120% del PIB), es decir, a costa de las generaciones que nos seguirán, pero que no votan.
    Es inconcebible que en 2020 se pidiera ayuda a nuestros socios europeos (esto me parece bien, aunque no que se argumente que si no se recibe la Unión no tiene sentido) y, para este año, unas de las primeras medidas tomadas hayan sido subir las retribuciones de los empleados públicos y las prestaciones de la Seguridad Social y Clases Pasivas cuando si tuviera que citar algunos grupos que en 2020, que fue un ejercicio deflacionario, se vieron menos perjudicados por la crisis me inclinaría por funcionarios y pensionistas.
    Esta actuación del Gobierno de coalición PSOE-UP no fue criticada por ningún partido político de la oposición, aunque sí por instituciones como el FMI.

Los cambios de criterio de la AEAT [5]

  1. #1 Gracias por el consejo. Ya que estamos, ¿tú que opinas sobre desde cuándo debiera empezar a contarse el periodo de prescripción -4 años- para solicitar el reconocimiento a la devolución de los ingresos indebidos?

No es un país para raperos [8]

  1. El delito que ha llevado a Pablo Rivadulla a prisión ha sido el de enaltecimiento del terrorismo, recogido en el art. 578 del Código Penal (por los de injurias y calumnias a la Corona y las Instituciones del Estado se le impusieron penas de multa) en cumplimiento del art. 5 de la Directiva (UE) 2017/541 que requiere a los estados miembros a tipificar como delito el hecho de difundir mensajes destinados a incitar a la comisión de, entre otras cosas, atentados contra la vida o integridad física de una persona.

Pensión mínima frente a pensión no contributiva [13]

  1. #11 Perdón, me fui en 2.000 millones (el importe destinado a pensiones de jubilación contributivas en 2019 fue de 92.045,17 millones). Lo que quería recalcar es que las pensiones de jubilación no contributivas se configuran como una "subespecie" de Ingreso Mínimo Vital para personas mayores (respecto de la actividad laboral) y que, económicamente, no son un grave problema para nuestro pobre país.
  1. A ver, el que una persona no devengue derecho a pensión de jubilación de carácter contributivo no quiere decir que, automáticamente, pase a obtener una pensión de jubilación de carácter no contributivo (entre otras cosas, se requiere carecer de rentas o ingresos suficientes). En 2019, el sistema de la Seguridad Social destinó a pensiones de jubilación no contributivas 1.339,12 millones, mientras que el gasto en pensiones de jubilación contributivas (sin considerar el complemento a mínimos) ascendió a 94.045,17 millones.

Son los mismos: apoyan a Pablo Hasel mientras te ponen un strike [61]

  1. Pablo Rivadulla ha sido condenado a prisión (se le han impuesto penas de multa por injurias y calumnias a la Corona y las Instituciones del Estado) por el delito de enaltecimiento del terrorismo.
    La Unión Europea, a través de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo, impone a los Estados miembros tomar medidas para combatir la "provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo".
    Algunos tweets de Hasel recogidos en la sentencia como hechos probados:
    "ANTE EL TERRORISMO DE ESTADO, EL BARRIO ORGANIZADO"
    "LAS MANIFESTACIONES SON NECESARIAS, PERO NO SUFICIENTES. APOYEMOS A QUIENES HAN IDO MAS ALLA"

Hilo de tuiter que interpreta los resultados de las elecciones catalanas estupendamente [8]

  1. El independentismo catalán tiene, con los resultados electorales que se han dado, una oportunidad de oro para alcanzar su meta final. A mi modo de ver, la estrategia más eficaz sería la expuesta por JxCat (a través de su candidata Laura Borrás), es decir, una DUI en el Parlament (donde los independentistas cuentan con mayoría absoluta) que difícilmente se podría combatir desde el Congreso (aplicando otra vez el art. 155 CE) ya que, de una parte, no contaría con el apoyo de Unidas Podemos y, de otra, requeriría que el PSOE (bueno, la facción "sanchista" del PSOE) solicitara el apoyo del Partido Popular y .......¡¡¡¡ de Vox!!!! (esto es impensable).

¿Quién está intentando cerrar Menéame? [435]

  1. Creo que gran parte del asunto que aquí se trata tiene como causa la "ignorancia". En primer lugar, un requisito para conseguir el "ingreso mínimo vital" (como supongo que ocurriría con una RBU) es "tener residencia legal y efectiva en España" (art. 7.1.a del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital).
    Por otra parte, la entrada legal en España para los extranjeros está condicionada (art. 25 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social).
    Por tanto, la coordinación entre Ingreso Mínimo Vital (pequeña ampliación en elgorgojorojo.wordpress.com/2020/06/10/ingreso-minimo-vital-y-vulnerab) y el control de fronteras ya se contempla en nuestro derecho y las restricciones de entrada al país existirán al margen de las RBU u otras figuras afines.

Las cotizaciones sociales tambien son impuestos [12]

  1. A ver, a nivel conceptual los impuestos (que son una especie particular de tributos) tienen como fin el sostenimiento de los gastos públicos, en tanto que con las cotizaciones sociales se pretende cubrir determinadas contingencias, como el desempleo, la jubilación o los accidentes de trabajo.

    El primer escollo sobre la materia es que en nuestro pobre país ni los primeros son suficientes para financiar el gasto (insostenibilidad de las cuentas públicas), ni los segundos pueden hacerse cargo al total de las contingencias de nivel contributivo (insostenibilidad de la Seguridad Social).

    Por lo que respecta a lo que creo que se pretende exponer, la "presión fiscal" en España, que no es sino la proporción entre recaudación por impuestos más cotizaciones sociales y el Producto Interior Bruto, fue del 35,4% en 2019 (en la UE se superó el 41%).

36.000 personas obtienen más de 300.000 euros al año en España [3]

  1. La medida tiene dos componentes:
    a) incremento de 2 puntos porcentuales en el tipo con el que se grava la base imponible general para importes superiores a 300.000€; es decir que, con pequeñas variaciones según CCAA, el 49% de los rendimientos por trabajo irá a IRPF
    b) incremento de 3 puntos porcentuales en el tipo con el que se grava la base imponible del ahorro para importes superiores a 200.000€; es decir que un 29% de lo recibido por dividendos (actualmente no existe deducción por doble imposición interna), intereses, rendimientos de seguros de vida y ganancias patrimoniales irá a IRPF

    El incremento de ingresos previsto de 491 millones es la suma de los aumentos estimados para los años 2021 y 2022.

En general, yo veo bien los presupuestos [39]

  1. Los PGE, que se conforman por la agregación de los presupuestos del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y otras entidades del sector público estatal, tienen especial relevancia política (también económica), porque el fracaso en su aprobación se asocia a la obligación moral del Gobierno de turno de convocar elecciones (aunque, como es sabido, se ha estado gobernando el país con unos presupuestos aprobados en 2018 y elaborados por una Administración de distinto color político al de la que los " ha ejecutado" y no ha pasado nada).

    Pero, desde un punto de vista más amplio (el que utiliza la Unión Europea), no son mas que una pieza del total presupuestario de las Administraciones Públicas (que incluye a las CCAA y CCLL) y de una perspectiva temporal plurianual. En último término, la valoración de los PGE se supedita al objetivo de la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas en el medio plazo, concretada en el principio de que la deuda pública no debe superar el 60% del PIB.

    Por lo anterior, a mi entender, debiera ponerse el foco en la valoración del Plan Presupuestario 2021 (resumen en elgorgojorojo.wordpress.com/2020/10/24/plan-presupuestario-de-2021/) que se remitió el pasado 15 de Octubre a Bruselas y que está pendiente de un dictamen por parte de la Comisión Europea que debe evacuarse antes del próximo 30 de Noviembre.
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