He registrado en el Parlamento Europeo una petición formal, ejerciendo el derecho que tenemos como ciudadanos europeos.
Ahora es obligación de la Unión Europea analizar si Castilla y León ha incumplido sus deberes de prevención y protección frente a los incendios forestales que están devastando nuestra tierra.
Aquí tienes la petición íntegra:
Investigación sobre cumplimiento de obligaciones de prevención y protección tras los incendios forestales en Castilla y León
En apenas cinco años, Castilla y León se ha convertido en el epicentro de algunos de los incendios forestales más devastadores de Europa. La provincia de Zamora ha sufrido con especial crudeza: más de 100.000 hectáreas de ecosistemas incluidos en la Red Natura 2000 han sido calcinadas desde 2021, con daños incalculables en enclaves como la Sierra de la Culebra o el Parque Natural del Lago de Sanabria.
Lo ocurrido en Zamora no es una excepción: en el verano de 2025, la comunidad autónoma en su conjunto ha sufrido la campaña de incendios más grave de este siglo, con alrededor de 160.000 hectáreas calcinadas, más de 60 núcleos de población evacuados en León, Zamora, Palencia, Salamanca y Ávila, y decenas de vidas humanas perdidas. Se trata de una catástrofe socioambiental de dimensión europea, que pone de relieve la reincidencia del daño al patrimonio natural común y el incumplimiento sistemático por parte de la autoridad competente (la Junta de Castilla y León) de su obligación de proteger adecuadamente estos espacios protegidos.
1. Autoridad competente y responsabilidad institucional
La Junta de Castilla y León es la administración responsable de la prevención y gestión de incendios forestales. Sin embargo, su actuación ha sido negligente, irresponsable y temeraria. El consejero de Medio Ambiente llegó a calificar como “absurdo y un despilfarro” mantener un operativo activo todo el año, pese a la evidencia de que los incendios son un riesgo recurrente y agravado por el cambio climático.
En 2022, tras el devastador incendio de la Sierra de la Culebra, se inició una recogida de firmas para exigir la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que alcanzó más de 62.000 apoyos ciudadanos. Ese clamor social demostró que la sociedad civil ya identificaba claramente las responsabilidades políticas de la catástrofe. Tres años después, con nuevas tragedias aún mayores, los motivos de aquella exigencia no solo siguen vigentes, sino que se han visto reforzados de forma dramática.
No se trata de simples omisiones puntuales, sino de una reincidencia planificada en el descuido de obligaciones básicas. Las decisiones políticas adoptadas durante este lustro han desprotegido los bienes naturales que debían salvaguardarse y han causado un daño natural, social y económico de consecuencias incalculables, incluidas pérdidas humanas evitables.
2. Recortes estructurales que debilitan la prevención
Pese a precedentes devastadores como el incendio de Navalacruz en 2021 (Ávila, 22.000 ha), la Sierra de la Culebra en 2022 (66.000 ha), y los de 2025 en Molezuelas de la Carballeda (37.000 ha) y el Parque Natural del Lago de Sanabria (25.000 ha), las oportunidades para reforzar la prevención han sido rechazadas de manera sistemática.
En junio de 2022, PP y Vox tumbaron en las Cortes de Castilla y León una iniciativa para mantener un operativo contraincendios activo durante todo el año, incluso después de que la Sierra de la Culebra hubiera ardido en uno de los incendios más graves de la historia reciente. Este rechazo evidenció una clara falta de voluntad política para reforzar la prevención estructural y garantizar la seguridad de los espacios naturales más valiosos de la región.
Los intentos posteriores de fortalecer el servicio de extinción siguieron el mismo camino. En octubre de 2024, las mismas formaciones rechazaron tramitar una ley que habría reconocido la figura del bombero forestal como empleado público, dotando al operativo de carácter estable, permanente, coordinado y con medios suficientes durante todo el año. Esta decisión perpetuó la precarización del colectivo, manteniendo a miles de trabajadores esenciales en condiciones temporales y con escasa cobertura laboral, lo que debilitó de forma estructural la capacidad de respuesta ante desastres previsibles y frecuentes.
Al mismo tiempo, en 2025 la Junta de Castilla y León solo ejecutó parcialmente las partidas presupuestarias destinadas a prevención. En la práctica, esto significa que ni siquiera los recursos presupuestados fueron utilizados para reforzar la lucha contra el fuego. La suma de decisiones políticas, recortes presupuestarios y bloqueo legislativo configura un patrón que no puede ser considerado fruto de la casualidad: se trata de una política sostenida de debilitamiento deliberado de la prevención.
3. Daño ambiental, social y coste desproporcionado
El principal impacto de esta gestión negligente es la pérdida irreparable de algunos de los espacios naturales y culturales más valiosos de Europa y del mundo:
- La Sierra de la Culebra (Zamora), hábitat emblemático del lobo ibérico, con casi 66.000 ha destruidas en 2022. Esta área alberga la mayor densidad de lobos de toda Europa occidental, y constituye un núcleo poblacional fundamental para la supervivencia de la especie. La destrucción de su hábitat supone un golpe directo a una especie protegida por la normativa europea (Directiva Hábitats) y una pérdida irreparable para el turismo de naturaleza que sostenía a numerosas comunidades locales.
- El Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora), enclave único de ecosistemas glaciares, con 25.000 ha arrasadas en 2025.
- Molezuelas de la Carballeda (Zamora/León), 37.000 ha destruidas en 2025.
- Las Médulas (León), Paisaje Cultural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997 y, además, espacio protegido por la Red Natura 2000. Su degradación por incendios forestales constituye una doble pérdida: ambiental y cultural, de valor universal excepcional.
- Alto Sil y Montaña Palentina (León y Palencia), reservas clave para especies amenazadas como el oso pardo y el urogallo.
- Otros enclaves de la Red Natura 2000 en Resoba (Palencia), Cipérez (Salamanca) y Cuevas del Valle (Ávila).
La magnitud de lo perdido es incalculable: hablamos de áreas protegidas por normativa europea y, en el caso de Las Médulas, reconocidas como patrimonio mundial de toda la humanidad. Su destrucción supone un retroceso irreparable en biodiversidad, paisaje cultural y patrimonio común.
El impacto social también es devastador: miles de personas evacuadas, decenas de vidas humanas perdidas y comunidades rurales enteras sumidas en la incertidumbre. A nivel económico, la política de desprotección resulta además irracional: extinguir un incendio cuesta hasta seis veces más que prevenirlo. La desidia institucional ha multiplicado los costes económicos mientras permitía una pérdida ambiental, social y cultural irreparable.
4. Fallos normativos en la gestión del riesgo
El marco regulatorio español ha contribuido a agravar esta situación. La definición de los Índices de Gravedad Potencial (IGR) está sesgada hacia la protección de bienes materiales, mientras los bienes naturales —aunque sean de valor ecológico europeo— quedan infravalorados.
Esta deficiencia normativa implica que incendios que afectan a espacios Natura 2000 no se clasifican con el nivel de gravedad adecuado hasta que amenazan núcleos de población o infraestructuras. Como consecuencia, la asignación de medios de extinción llega tarde o de forma insuficiente, lo que ha multiplicado el daño sobre ecosistemas que deberían haber gozado de una protección prioritaria bajo la normativa europea.
Además, numerosos municipios que están obligados por ley a contar con planes locales de emergencia carecen de ellos, lo que aumenta de manera exponencial la vulnerabilidad de la población y compromete la eficacia del sistema de protección civil.
5. Petición al Parlamento Europeo
Por todo lo expuesto, solicito al Parlamento Europeo, a través de su Comisión de Peticiones:
- Que investigue si España y, en particular, la Junta de Castilla y León han incumplido sus obligaciones en materia de prevención y gestión de incendios forestales, especialmente en los espacios incluidos en la Red Natura 2000.
- Que evalúe la gestión de los fondos europeos destinados a la protección forestal, conservación de la biodiversidad y prevención de incendios, comprobando si han sido empleados conforme a sus fines o si su uso deficiente ha contribuido a esta catástrofe.
- Que supervise la restauración ecológica, social y económica de las zonas afectadas (Sierra de la Culebra, Lago de Sanabria, Las Médulas, Alto Sil, Montaña Palentina, entre otros), garantizando que se realiza de acuerdo con la normativa europea y evitando usos incompatibles.
- Que examine el marco regulatorio actual (Índice de Gravedad Potencial, planes locales de emergencia) y recomiende ajustes para que los bienes naturales europeos reciban una protección prioritaria equivalente a los bienes materiales, corrigiendo una discriminación normativa que agrava el daño ambiental.
Conclusiones
Los incendios de 2025 en Castilla y León no son fruto del azar: son la consecuencia de una gestión deficiente y reiterada, de recortes planificados y de un marco regulatorio insuficiente. Esta política negligente ha colocado en situación de vulnerabilidad extrema a espacios naturales de valor europeo y mundial, y ha puesto en riesgo la vida y el futuro de comunidades rurales enteras.
La magnitud de lo perdido no se mide solo en hectáreas. La Sierra de la Culebra, corazón del lobo ibérico y área con la mayor densidad de lobos de Europa occidental, ha visto devastado su hábitat. El Parque Natural del Lago de Sanabria ha sido arrasado. Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, se han visto amenazadas por el fuego. Y decenas de personas han perdido la vida en esta cadena de catástrofes.
Soy zamorano y desde que era un niño he tenido la suerte de recorrer y disfrutar el patrimonio natural que marca la frontera de Castilla y León con Portugal y Galicia. He crecido ligado al Parque Natural del Lago de Sanabria, recorriendo no solo su lago sino también las rutas de montaña interiores desde bien temprano. Ese paisaje, que forma parte de mi vida y de la de miles de zamoranos, hoy está marcado por cicatrices de fuego que tardarán décadas, quizás siglos, en sanar.
Esta devastación no admite indiferencia. No es casualidad: de los diez incendios más extensos de la historia de España, cuatro han tenido lugar en Castilla y León en los últimos años y tres de ellos en Zamora, todos bajo la misma gestión política. Esa reincidencia no es fruto de la mala suerte, sino de una política negligente y deliberada que ha puesto en riesgo no solo nuestro patrimonio natural, sino también la vida de nuestras comunidades.
Por eso recurro a la Unión Europea: porque lo que está en juego no es solo un problema local. Hablamos de la destrucción de hábitats protegidos por la normativa comunitaria, de la pérdida del territorio con mayor densidad de lobos de Europa occidental y de la amenaza sobre enclaves reconocidos como Patrimonio de la Humanidad.
Solicito el amparo de la Unión Europea para que se investigue, se depuren responsabilidades y, sobre todo, se garantice que Castilla y León cumpla sus obligaciones de prevención y protección. Zamora y toda la comunidad ya han pagado un precio demasiado alto por la negligencia: es hora de poner fin a esta devastación recurrente.
