El Ejecutivo estima que un 60% de los 430.000 MW no tiene proyecto detrás, es decir, que solo quiere el permiso de acceso para luego especular con él, lo que, en último término, acabaría encareciendo el recibo de la luz. La nueva norma establece hitos de ejecución para los proyectos (técnicos y con plazos), hitos que, si no son cumplidos, expulsan al infractor de la carrera por el acceso. El Gobierno espera acabar así con los especuladores y su burbuja.
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#0 creo que es duplicada. No veo que añada nada nuevo:
El Gobierno se dispone a pinchar la burbuja renovable
El Gobierno se dispone a pinchar la burbuja renova...
elperiodico.com#2 y otra más España aprueba decreto para acelerar el despliegue de las energías renovables
España aprueba decreto para acelerar el despliegue...
infobae.com#2 #3 Creo que ninguno de los dos, más allá del titular, os habéis leído la noticia AL COMPLETO.
Copio y pego a continuación para que se vea que hay MUCHA MÁS INFORMACIÓN en esta última.
El Gobierno pincha la burbuja de las renovables
Martes, 23 de junio de 2020
Antonio Barrero F.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley con una batería de medidas para impulsar, "de forma ordenada y rápida", la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable "y favorecer la reactivación económica". La nueva norma se divide en cuatro bloques. El primero incluye la regulación de acceso y conexión de nueva potencia a la red. Ahora mismo hay proyectos eólicos y solares por valor de 430.000 megavatios de potencia de generación pidiendo acceso y conexión a red (el Objetivo 2030 es instalar 50.000). El Ejecutivo estima que un 60% de los 430.000 no tiene proyecto detrás, es decir, que solo quiere el permiso de acceso para luego especular con él, lo que, en último término, acabaría encareciendo el recibo de la luz. La nueva norma establece hitos de ejecución para los proyectos (técnicos y con plazos), hitos que, si no son cumplidos, expulsan al infractor de la carrera por el acceso. El Gobierno espera acabar así con los especuladores y su burbuja.
El Gobierno pincha la burbuja de las renovables
Las solicitudes acumuladas -de acceso y conexión a la red eléctrica- han saturado los nudos de las redes allí donde existen abundantes recursos eólico y solar. Lo contaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hace apenas cuatro semanas. Más aún -añadía la Comisión-, las peticiones de acceso incluso han llegado ya a sobrepasar los objetivos, a diez años vista, de integración de las energías renovables establecidos en el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030. A saber: ese plan establece como Objetivo 2030 que en España haya entonces 160.837 megavatios de potencia instalados. Ahora mismo hay 110.226 megas en total (potencia de generación repartida en centrales nucleares, térmicas de carbón, petróleo y gas, parques fotovoltaicos y eólicos, instalaciones hidroeléctricas y termosolares, etcétera, etcétera). Pues bien, los 50.000 megavatios que el Gobierno quiere que se sumen al mix de generación a lo largo de los próximos diez años deben ser todos renovables (50.000 megas a instalar en 10 años). ¿Y qué ocurre? Pues que Red Eléctrica de España (REE), que es la entidad-semáforo que da luz verde o no a las solicitudes de acceso y conexión, ya tiene registradas (a día de hoy) solicitudes de potencia renovable que quiere conectarse a la red por valor de (decíamos en mayo) 170.000 megavatios, es decir, mucho, mucho más de lo que persigue como Objetivo 2030 el Gobierno (más aún, REE ya le ha denegado la solicitud -añadíamos entonces- a otros 90.000 megas que pedían paso, o sea, que la saturación ha alcanzado el paroxismo, como ya adelantaba ER allá por el hoy remoto mes de julio del año pasado).
Pues bien, hoy, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha revelado que se han registrado peticiones por valor de 430.000 megavatios de potencia (la demanda máxima registrada en España en estos últimos años ronda los 40.000, o sea, que, como mucho, la ciudadanía residente en este país le ha pedido simultáneamente a la red 40.000 megas). En fin, que la burbuja ha alcanzado unas dimensiones formidables. Según el mismo Ministerio, de los 430.000 megavatios que el sector presuntamente quiere conectar a la red solo se consideran correctamente presentados unos 295.000. "El resto son peticiones que no están correctamente formalizadas y que, por tanto, Red Eléctrica de España no computa oficialmente", explican fuentes oficiales.
Pues bien, contra esa burbuja especulativa, el Ejecutivo ha aprobado hoy un Real Decreto-ley "con medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica" que se divide en cuatro bloques. El primero incluye la regulación de acceso y conexión y regula un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco predecible y estable. El segundo se centra en el impulso de nuevos modelos de negocio que serán claves en los próximos años, como es el caso de la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación. En tercer lugar, el Real Decreto-ley aborda el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética; y, por último, se establecen una serie de medidas sectoriales para el impulso de la actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis del Covid-19.
Acceso y Conexión
En su artículo 1, el Real Decreto-ley se dedica a la regulación de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. El objetivo fundamental es "asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente". En la actualidad, existe un elevado número de solicitudes, que suman más de 430.000 megavatios (320.000 en el año 2019 y 108.000 en 2020), "y hay indicios del eventual componente especulativo de buena parte de ellas, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión: en torno a un 60%".
Según el Gobierno, esta situación "obstaculiza y encarece" la puesta en marcha de los proyectos solventes que, en la próxima década, instalarán en torno a 50.000 MW de potencia renovable en España, de acuerdo con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima 2021-2030. El Ejecutivo estima que este impulso atraerá inversiones por valor de más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década, y, por ello, consider "urgente" ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias, lo que permitirá que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100% antes de 2050, contribuyendo así a lograr el objetivo de neutralidad climática que se ha fijado el país en línea con el Acuerdo de París y los compromisos de la Unión Europea (UE).
A tal fin, el Real Decreto-ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado. Los titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno esos hitos –entre ellos, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción– en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías. Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos. De esta manera, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa, que deberán aprobar el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC), en sus respectivas competencias, en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-ley.
NUEVO SISTEMA DE SUBASTAS PARA LA ORDENACIÓN DE RENOVABLES
Otra de las cuestiones clave para favorecer la masiva instalación de energías limpias durante la próxima década, activando con ello toda la cadena de valor industrial asociada, es habilitar un nuevo sistema de subastas de renovables que, de un lado, ofrezca previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables; y, de otro, traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata.
En este nuevo marco, que el Gobierno desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros. También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria. Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables, que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.
El marco vigente se desarrolló en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado. La situación actual es justamente la contraria y es necesario actualizar el modelo. De hecho, los sistemas de retribución de los países del entorno de España, similares al diseñado en el Real Decreto-ley, reflejan resultados de subastas con precios inferiores a los registrados en el mercado eléctrico, ya que el desarrollo tecnológico de los últimos años ha abaratado significativamente el coste de generar electricidad de origen renovable. La traslación de estos ahorros económicos al consumidor, y en particular a
#3 #2 No son duplicadas, la primera era sobre la intencion que tenia. esta va del decreto aprobado hoy
En el segundo enlace que pones habla de todo menos de esto.
Las solicitudes acumuladas -de acceso y conexión a la red eléctrica- han saturado los nudos de las redes allí donde existen abundantes recursos eólico y solar. Lo contaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hace apenas cuatro semanas. Más aún -añadía la Comisión-, las peticiones de acceso incluso han llegado ya a sobrepasar los objetivos, a diez años vista, de integración de las energías renovables establecidos en el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030. A saber: ese plan establece como Objetivo 2030 que en España haya entonces 160.837 megavatios de potencia instalados. Ahora mismo hay 110.226 megas en total (potencia de generación repartida en centrales nucleares, térmicas de carbón, petróleo y gas, parques fotovoltaicos y eólicos, instalaciones hidroeléctricas y termosolares, etcétera, etcétera). Pues bien, los 50.000 megavatios que el Gobierno quiere que se sumen al mix de generación a lo largo de los próximos diez años deben ser todos renovables (50.000 megas a instalar en 10 años). ¿Y qué ocurre? Pues que Red Eléctrica de España (REE), que es la entidad-semáforo que da luz verde o no a las solicitudes de acceso y conexión, ya tiene registradas (a día de hoy) solicitudes de potencia renovable que quiere conectarse a la red por valor de (decíamos en mayo) 170.000 megavatios, es decir, mucho, mucho más de lo que persigue como Objetivo 2030 el Gobierno (más aún, REE ya le ha denegado la solicitud -añadíamos entonces- a otros 90.000 megas que pedían paso, o sea, que la saturación ha alcanzado el paroxismo, como ya adelantaba ER allá por el hoy remoto mes de julio del año pasado).
Pues bien, hoy, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha revelado que se han registrado peticiones por valor de 430.000 megavatios de potencia (la demanda máxima registrada en España en estos últimos años ronda los 40.000, o sea, que, como mucho, la ciudadanía residente en este país le ha pedido simultáneamente a la red 40.000 megas). En fin, que la burbuja ha alcanzado unas dimensiones formidables. Según el mismo Ministerio, de los 430.000 megavatios que el sector presuntamente quiere conectar a la red solo se consideran correctamente presentados unos 295.000. "El resto son peticiones que no están correctamente formalizadas y que, por tanto, Red Eléctrica de España no computa oficialmente", explican fuentes oficiales.
Hacia falta. Buena noticia.