El gobierno de Esperanza Aguirre y el entonces rector Pedro González Trevijano dieron por bueno para validar las ayudas y convenios un reglamento interno del propio instituto que nunca llegó a estar aprobado y que, por tanto, no respetaba los cauces legales. Ese reglamento interno fue utilizado por la Comunidad de Madrid para habilitar al IDP como receptor de subvenciones públicas. En 2007, el instituto de Álvarez Conde pidió una subvención regional para poner en marcha una investigación y el gobierno madrileño, presidido entonces por Aguirre..
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"La Comunidad de Madrid no fue la única que hizo la vista gorda con esta irregularidad. También lo pasó por alto la propia URJC. Tal y como se recoge en la memoria del propio Instituto de Derecho Público, en 2007, el entonces rector Pedro González Trevijano -desde 2013, magistrado del Tribunal Constitucional-, firmó en representación de la universidad un convenio a tres con Álvarez Conde como director del Instituto de Derecho Público y una empresa privada. Se trata de un acto administrativo que solo puede ser posible entre entidades con personalidad jurídica propia. Y el IDP tenía un CIF propio pero, a los ojos de la URJC, y según los documentos aprobados por el consejo de gobierno, funcionaba bajo su paraguas y no como un ente ajeno. Según los expertos consultados por la Cadena SER, sin autonomía propia, nos dicen, no se puede suscribir ningún convenio, contrato, acto, acuerdo o pacto con ninguna institución pública o privada."
¿Porqué se le sigue llamando Universidad si cada noticia que sale sobre ella es para evidencia que se trata de un chiringuito del PP para colocar a unos y para regalar títulos a los demás?
#7 Algún alumno de verdad ha picado y ahí está.
Favores de ida y vuelta entre la derecha cavernícola española.
#1 Para ellos y para sus descendientes. Para los directivos de entonces y para los de ahora.
El dinero que mejor se regala es el de los demás. Vaya castuza ladrona amante del dinero ajeno. PPuta mafia a la PPuta carcel.
¿ Y la justicia donde está cuando se la necesita...?
#2 ¿la justicia? afinando
#3 "..Aguirre, encargó a sus servicios jurídicos un informe que acreditara que el instituto podía pedir esa ayuda. Un primer informe de los letrados, de abril de 2007, dijo que el instituto no estaba habilitadoalegando que "los institutos no tienen personalidad jurídica propia y son las universidades y las fundaciones las que tienen que solicitar la subvención".
Solo un mes después, en mayo de 2007, poco antes de las autonómicas, un segundo informe de la misma letrada corrige el primero y le da el visto bueno para pedir la ayuda. Los servicios jurídicos basaron su decisión en que el reglamento interno del IDP reconoce en su artículo primero la personalidad jurídica propia. La Comunidad no tuvo en cuenta que era un reglamento sin validez legal. A pesar de esta irregularidad, este informe de los letrados madrileños validó a Conde para pedir ayudas públicas regionales: entre 2008 y 2011 el instituto de los másteres fraudulentos recibió 370.000 euros de las arcas públicas
"
Cc #2
#5 En resumen, una mierda de justicia y una mierda de país.