Recientemente, las comunidades autónomas han decidido estabilizar las plazas interinas de los sectores públicos, entre ellos del sector de sanidad, y convocar oposiciones ofertando plazas en propiedad.
Tradicionalmente, en las oposiciones para enfermería y auxiliar, los trabajadores de hospitales públicos han disfrutado de ventajas con respecto al resto de sanitarios, ya que la experiencia en este sector pondera cuatro veces más que la del sector privado.
El trabajo que realizan estas interinas, sin embargo, no es diferente al trabajo que realizan otras profesionales en el sector privado.
Es más, me surgen dudas de si todas las interinas han conseguido trabajar en el sector público mediante procesos justos y transparentes; me consta que en algunos casos no es así.
Con ocasión de este nuevo proceso, algunos sindicatos están tratando de, incluso, mejorar las ya favorables condiciones de los interinos en este proceso. Sindicatos que deberían defender los intereses de todos los trabajadores, no solo los de los “privilegiados” que trabajan en los hospitales públicos con una interinidad, ya que no deja de ser un privilegio poder trabajar en estos sin haber sacado, previamente, una oposición.
Así, y con la propuesta de algunos sindicatos, el peso del examen baja un 16,6%, la formación, que se valora para todos los españoles igual, baja un 37,5% y, la experiencia (por supuesto cuatro veces más valorada en el público que en el privado) aumenta en un 66,6%.
Esto significa que una persona que haya trabajado en el sector público consigue la mitad de la nota máxima de antigüedad en 13 años; mientras que, para la misma nota, un trabajador de la sanidad privada necesita 43 años de trabajo (no creo que llegue a tiempo).
Además, han introducido otro cambio que reduce la importancia del examen; en la última oposición, a la fase de méritos solo pasaba un número de personas equivalente al 150% de las plazas convocadas, teniendo que tener una nota mínima de 5 puntos en el examen.
Por el contrario, la única restricción que se impone en este proceso es que la nota de corte sea el 50% de las 10 mejores notas. Es decir, no hay ninguna limitación, a priori, sobre cuántas personas accederán a la fase de méritos, y, además, la nota de corte nunca superará los 5 puntos, pudiendo, sin embargo, situarse por debajo.
Por todo lo anterior, solicitamos a las comunidades autónomas y a los sindicatos, que deberían defender a todos los trabajadores, que garanticen un proceso que salvaguarde los criterios de cualquier oposición (igualdad, libre concurrencia, méritos y capacidad), al menos al nivel del proceso anterior, que ya contemplaba una cierta discriminación a favor de los interinos.