Tras las últimas elecciones, muchos votantes sentimos que algo se ha desalineado.
No porque hayamos dejado de creer en la justicia social, la igualdad o la libertad, sino porque se percibe una pérdida de rumbo estratégico que, elección tras elección, nos aleja de mayorías amplias y del país real.
El mensaje de fondo sigue siendo válido.
Pero la forma de priorizarlo, explicarlo y encajarlo en la vida cotidiana no está funcionando. Cuando un proyecto deja de sumar, no basta con reafirmar principios: hay que revisar cómo se aplican y cómo se comunican.
Esto no va de bandos ni de lealtades tipo fútbol.
Las ideas no valen por quién las dice, sino por si son coherentes con una visión justa de la convivencia. Aceptar argumentos porque encajan con nuestros valores —aunque no vengan “de los nuestros”— es una fortaleza, no una traición. La coherencia importa más que la tribu.
Y la coherencia también implica algo incómodo:
estar en contra del incumplimiento, lo haga quien lo haga. Defender reglas comunes, incluso cuando afecta a antiguos compañeros de viaje, no es dureza: es igualdad ante la ley. Sin eso, la confianza se erosiona.
Reconocer errores y corregirlos da más credibilidad que prometer imposibles que luego no se cumplen. La gente no espera perfección; espera honestidad, límites claros y capacidad de rectificar.
Cuando este espacio no ofrece un marco comprensible para explicar problemas reales —vivienda, inseguridad vital, sensación de que cumplir no protege—, el extremismo ocupa el vacío. No porque tenga mejores ideas, sino porque simplifica y convierte el malestar en relato.
Proteger derechos es irrenunciable.
Pero la protección de las minorías no puede construirse penalizando injustamente a la mayoría social. La justicia social no enfrenta a la sociedad consigo misma: corrige desequilibrios estructurales como la especulación, la falta de vivienda pública o la mala planificación.
Esto se ve claramente en la vivienda: soluciones improvisadas que enfrentan a vecinos no resuelven el problema. Resolverlo exige políticas de fondo, no trasladar la carga a la gente común.
También hay un debate pendiente sobre lenguaje y símbolos.
Defender que cada persona viva como se sienta y quiera es básico, pero el respeto no puede convertirse en un examen permanente ni en etiquetas que separan más de lo que unen. Un país cohesionado necesita un marco común reconocible.
Ese marco también es patriótico en el mejor sentido:
cuidar lo común, las instituciones, los servicios públicos y la convivencia. Lo que no se habita, se abandona; y lo que se abandona, otros lo definen peor.
Y hay un pilar que se está tratando como secundario cuando es central: la educación.
Una educación excesivamente permisiva no empodera: debilita. Sin rigor, pensamiento crítico y cultura cívica, la gente queda indefensa frente a la manipulación. Defender una educación exigente no es elitismo, es justicia social y defensa democrática.
España ha avanzado cuando ha sabido unir derechos, reglas claras, convivencia y sentido de país.
Cuando ha hablado claro, ha reconocido errores y ha pensado a largo plazo.
Muchos seguimos creyendo en ese proyecto.
Precisamente por eso creo.que es mejor menos trincheras, más coherencia y más estrategia.
