El diputado y portavoz parlamentario de Izquierda Unida Enrique Santiago interviene en el pleno del Congreso de los Diputados el 10 de diciembre de 2025 para responder a la moción de Vox sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de conocer la condena del Fiscal General del Estado

En la película El bueno, el feo y el malo (Sergio Leone, 1966), el malo, interpretado por Lee Van Cleef, se llama Sentencia, afortunadísimo nombre para villano vista la del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado. Han estado redactando quince días la justificación de un fallo que ya habían hecho público porque se tomaron en serio lo de que empiece ya que el público se va, supongo. Voy a enseñar solo un trozo de prosa de la pluma de estos genios citándose a sí mismos. Sí, me he leído la sentencia. Tengo mucho tiempo libre.

"El volumen de esta sentencia no se invierte en calidad jurídica –existe un resumen de la sentencia de 18 folios; podrían ser incluso menos–, sino que tanta extensión es un producto subsidiario en este tipo de trances: el complejo, cierta vergüenza torera no confesada –pocos son los toreros o jueces que se confiesan a sí mismos el cangui–, la necesidad de dotarse de aparato, empaque y apariencia para acceder a algo que no requiere nada de todo ello. Que no requiere, siquiera, conocimiento del derecho o sensibilidad ante él, sino la intensificac

En 2017, cuando la doctrina del “entorno” se cebó con nueve jóvenes de Altsasu, Baltasar Garzón censuró la “desnaturalización del concepto de terrorismo” usado contra tuiteros, titiriteros, anarquistas e independentistas. A buenas horas. Últimamente hemos visto al ex magistrado denunciando la debilidad de la sentencia contra el Fiscal General del Estado. “No encuentro ninguna prueba condenatoria”.

Por fin hemos leído la sentencia que condena al fiscal general del Estado por revelar datos reservados. Antes que nada, lo que uno encuentra es un texto que daña gravemente la credibilidad de la justicia española y de todo nuestro sistema democrático.

El equilibrio entre la crítica periodística y la defensa institucional se ha puesto de manifiesto en España con la reciente decisión de la Comunidad de Madrid de interponer una demanda civil contra Radio Televisión Española (RTVE). El motivo es un gráfico emitido en el programa matinal ‘Mañaneros’, el cual, según el ejecutivo autonómico, vinculaba de forma inadecuada una subvención al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con su participación como acusación en un proceso contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La eurodiputada y secretaria de Políticas de Podemos, Irene Montero, ha reaccionado duramente a la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Montero ha enmarcado la condena dentro de una estrategia de «golpismo judicial» impulsada por la derecha, y ha criticado al PSOE por su «impotencia» y pasividad ante lo que considera una clara instrumentalización de los tribunales.

Los dos votos en contra de la condena a Álvaro García Ortiz rebaten todos los argumentos de la mayoría de cinco magistrados, con tesis irreconciliables sobre la solidez de los indicios para atribuirle la filtración del correo o si el contenido de este era todavía un secreto cuando fue publicado

El Gobierno ha decidido tomarse con ironía e incluso algo de burla los argumentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo para condenar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Conocida la sentencia, que el Ejecutivo insiste en que acata, tanto es así que ya ha nombrado a una nueva fiscal general, Teresa Peramato, al menos dos ministros se han tomado casi a broma los argumentos, especialmente el hecho de que cinco de los siete jueces ―las otras dos han emitido un voto particular― den por probado que García “o alguien de su..

La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es solo una victoria a medias para el empresario Alberto González Amador, quien no ha conseguido que los magistrados reconozcan que se vulneró su derecho de defensa concretamente en el procedimiento en el que está imputado por un posible fraude fiscal. De hecho, la resolución cierra la vía a la posibilidad de solicitar la nulidad de las dos causas abiertas contra él, un escenario que habían manejado fuentes judiciales con conocimiento de la estrategia...

Recientes acontecimientos ocurridos en el año 2025 han puesto en el candelero, por enésima vez, el tema de la separación de poderes en España. Declaraciones como las de Yolanda Díaz, ministra de trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno, a raíz de la sentencia condenatoria del Fiscal General del Estado, por parte del Tribunal Supremo, son bastante elocuentes: “[el fallo del Supremo supone] un punto de inflexión que vulnera su mandato constitucional y la separación de poderes”. Por supuesto en el otro lado de la trinchera política... (sigue)

¿Va la justicia a dos velocidades en función de los intereses judiciales que se muevan? Es una pregunta que se ha convertido en recurrente durante los últimos meses. Si bien para proceder con ciertas investigaciones, informes y juicios han bastado días o semanas, otras se han demorado meses o años sin que exista una explicación aparente a esta diferencia en el apremio. Es el caso, por ejemplo, de la instrucción que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, que se ha

La resolución completa, así como el voto particular de dos magistradas que apuestan por la absolución, establecerá los términos concretos de la condena de inhabilitación del exfiscal general y marcará el camino de su futuro recurso ante el Constitucional. El Tribunal Supremo tiene previsto hacer pública en los próximos días su sentencia más relevante del último lustro: la que ha condenado e inhabilitado a Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una resolución de la que, por .....

La filtración de la noticia de que Martínez Arrieta iba a hacer la sentencia, es decir, que Martínez Arrieta asumía la ponencia que correspondía a la magistrada Polo, tiene dos componentes. El primero es una revelación de datos reservados (artículo 417 del Código Penal) ya que las deliberaciones son secretas. El segundo es que al asumir la ponencia Martínez Arrieta aportaba un dato fundamental. Y es que si Martínez Arrieta asumia la ponencia eso quería decir que se estaba operando un cambio en el Tribunal

Quiles ha comenzado diciendo que la información del medio citado es “simplemente falsa”, acompañado de una advertencia [...]: “Os doy 24 horas para eliminar la noticia si no queréis acabar como vuestro Fiscal General” [...]. Prosiguiendo [...] asegura que “nunca ha recibido un euro público” y que no está contratado “en ningún canal y el PP no ha ‘pagado’ nada a nadie”. Luego, matiza: “Son acuerdos de publicidad institucional o campañas turísticas que realizan muchos ayuntamientos. Que vosotros seáis un panfleto de extrema izquierda...."

La campaña de represalias políticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, acaba de dar dos pasos embarazosos hacia atrás y un salto gigante hacia adelante. El colapso de los casos penales contra el exjefe del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, planteó dudas sobre la competencia del Departamento de Justicia después de que un juez dictaminara que la fiscal elegida por Trump fue nombrada ilegalmente en medio de procesamientos apresurados bajo presión política.

Dolores Delgado ha sido el principal caballo de batalla de la derecha judicial contra la gestión de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. García Ortiz la aupó antes a Fiscal de Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo, pero la sala de lo contencioso-administrativo también anuló esta decisión y acusó a García Ortiz de "desviación de poder". Esta sentencia sirvió de munición a los vocales del Poder Judicial elegidos por el PP para rechazar la idoneidad de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado.

La abogada Lorena Ruiz-Huerta le recordó estas informaciones a Joaquín Manso mientras estaban en la mesa política de 'Espejo Público'.

“El Gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose a ser un poder o un contrapoder o un contrapeso propio de una democracia, será perseguido y acuchillado”. Con estas palabras se ha expresado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuatro días después de que se conociera la condena al fiscal general del Estado.

La estrategia de la derecha para alcanzar el poder, o mejor dicho, para derrocar a aquel poder que no comulga con sus intereses, cuenta con varios frentes. Son muchas las ocasiones en las que ha quedado escenificada la metodología de la derecha política, mediática y judicial a este respecto, siendo uno de los últimos episodios la condena en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Los tentáculos son largos y conviene conocerlos.

Esta última semana estallaba una auténtica bomba de relojería al conocerse que la Audiencia Nacional había pasado por alto documentación sensible de la denominada Operación Kitchen tales como informes o audios, librando de responsabilidad a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Con todo, puede que el modus operandi no sorprenda tanto si se atiende a los jueces que se situaron al frente de la pieza separada que durante dos años permaneció prácticamente invisible: Manuel García-Castellón y Antonio Piña.

La reforma fiscal propuesta en Argentina reduce impuestos para incentivar inversiones y consumo. Exime de Ganancias rendimientos de plazos fijos en dólares, alquileres de vivienda y ventas de inmuebles (desde 2026/2028). Elimina impuestos internos en autos de lujo, bajando precios hasta 20%. Reduce alícuotas de Ganancias societarias (a 27-31,5% desde 2026), actualiza quebrantos por IPC y crea RIMI para amortización acelerada en inversiones productivas. Beneficia alquileres (más oferta), autos y empresas.

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT con el respaldo de la Plataforma per l’Ensenyament Públic llaman a un paro general el próximo jueves 11 de diciembre, jornada en la que se celebrarán concentraciones de protesta y manifestaciones en las tres capitales valenciana. Relacionada: Valencia: Profesionales rechazan empleos por no poder pagar el alquiler www.meneame.net/story/valencia-profesionales-rechazan-empleos-no-poder

El PSOE, acusación popular en la causa, denuncia que el juzgado 6 de la Audiencia ha ocultado durante más de dos años la existencia del informe y los audios que apuntan a Cospedal en la guerra sucia para destruir pruebas que perjudicasen a su partido, pide la reapertura del procedimiento e imputar a la exsecretaria general, a su marido Ignacio López del Hierro y al PP

En diciembre de 1933, se produjo un levantamiento anarquista en Bastida. Preocupados por los resultados obtenidos por la derecha en las eleccciones españolas, los sindicalistas afiliados a CNT prepararon una huelga general revolucionaria.

El duelo que divide al PP. Entre los votantes del PP, Isabel Díaz Ayuso alcanza un 7,9 sobre 10, mientras Feijóo se queda en un 7,2. Feijóo es el peor de los dirigentes del PP para la población general, con bajas puntuaciones en empatía, gestión de crisis y honradez. La paradoja de la izquierda. En el PSOE también hay datos llamativos: Emiliano García Page es el líder mejor valorado por la población general (4,6), especialmente por votantes de la derecha y de Vox, pero entre los propios socialistas recibe las peores notas.

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros el ascenso a general del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que obligará al relevo del máximo responsable de esta unidad que investiga casos de corrupción como el 'caso Koldo', según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

No aparece de forma explícita en la Constitución española de 1978, pero el marco electoral establecido por real decreto en 1977 y consolidado por la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) ha marcado en grande la política española

Los promotores confiaban en llegar a un acuerdo con la Administración pública para que, una vez construido el centro, los socios pudieran ser atendidos por la Seguridad Social. En esencia, pretendía ser un hospital sostenido con fondos públicos pero que sólo podían usar sus accionistas. Entre los artífices de la iniciativa se encontraban Joan Vidal Piqué, abogado de Pujol en el caso de Banca Catalana; Antón Cañellas, exdiputado en el Congreso de los Diputados por Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya (UC-DCC) y otros.