Los promotores confiaban en llegar a un acuerdo con la Administración pública para que, una vez construido el centro, los socios pudieran ser atendidos por la Seguridad Social. En esencia, pretendía ser un hospital sostenido con fondos públicos pero que sólo podían usar sus accionistas. Entre los artífices de la iniciativa se encontraban Joan Vidal Piqué, abogado de Pujol en el caso de Banca Catalana; Antón Cañellas, exdiputado en el Congreso de los Diputados por Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya (UC-DCC) y otros.
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