El abogado penalista José Manuel Rivero considera que “la anticipación del fallo antes de completar la fundamentación jurídica compromete estructuralmente la imparcialidad objetiva de los magistrados que lo suscribieron, generando una situación procesal insostenible que solo puede resolverse mediante la celebración de un nuevo juicio ante un tribunal completamente diferente”

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, encargada de investigar los casos de corrupción que afectan al poder político, lleva al menos 20 años en manos de la derecha judicial. El Partido Popular aprovechó los dos mandatos de José María Aznar en el Gobierno para imponer desde el Consejo General del Poder Judicial una mayoría de magistrados de tendencia conservadora en esa Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cinco de esos magistrados propuestos en su día por vocales elegidos por el PP firmarán la sentencia que condena al fiscal general del Estado

¿Qué dictadura acaba con una condena contraria al presunto dictador? La propia Ayuso en su comparecencia se ha llevado la contraria al afirmar que con la condena al fiscal general “ha quedado demostrado que el Estado de Derecho funciona”. “Ayer los ciudadanos vieron cómo la justicia española, poder del Estado que defiende y protege sus derechos fundamentales, funciona incluso frente al uso interesado de las instituciones y el abuso arbitrario del poder por razones políticas”, ha añadido.