Un total de 335 municipios españoles han sido demandados por no aplicar la Ley de la Memoria Histórica en los 10 años que lleva en vigor. Se está utilizando la vía de lo contencioso-administrativo lo que obliga a esos municipios a tener que personarse en los procedimientos, gastando unos recursos públicos que deberían dirigirse a otras necesidades y en ningún caso a defender a los consistorios que no respetan la normativa.
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