En España tendemos a tranquilizarnos rápido. Nos gusta pensar que determinadas prácticas pertenecen a otros países, a otros tiempos, a regímenes que identificamos sin dificultad porque llevan etiquetas evidentes: Gestapo, Stasi, KGB. Aquí, en cambio, nos repetimos, hay instituciones sólidas, controles, garantías. Una democracia homologable.
Por eso incomoda tanto hablar de lo que durante años se ha venido llamando la “policía patriótica”, porque llamarla por su nombre, policía política, podría hacer que pensemos en la gravedad de lo que se está juzgando estos días.
El término, en sí mismo, ya es revelador. Porque sugiere una coartada: no estaríamos ante un uso indebido del aparato del Estado, sino ante una forma especialmente comprometida de protegerlo. El problema es que, cuando uno se detiene a observar los hechos que se han ido conociendo, esa narrativa empieza a hacer agua.
El caso Kitchen es probablemente el ejemplo más claro. Bajo ese nombre se esconde una operación que, según la investigación judicial, no tenía como objetivo principal esclarecer un delito, sino controlar, y en lo posible sustraer, información sensible que podía comprometer a dirigentes políticos. En concreto, material en posesión de Luis Bárcenas que afectaba al Partido Popular, ese partido político plagado de "casos aislados" de corupción.
Conviene detenerse un momento en esto: recursos públicos, agentes policiales y fondos reservados puestos al servicio de una operación cuyo efecto práctico era obstaculizar el acceso a pruebas relevantes en un caso de corrupción. Policías que en vez de investigar delitos, se dedicaban a eliminar pruebas de delitos cometidos por políticos del PP. No parece, precisamente, un modelo ortodoxo de actuación en un Estado de derecho.
Y, sin embargo, durante años, el debate público no giró tanto en torno a la gravedad de estos hechos como a su encaje narrativo. En paralelo a estas operaciones, proliferaron informes, dosieres y filtraciones dirigidas contra adversarios políticos, muy especialmente contra Podemos, imagino que todos recordamos el "Ferrerasgate". Documentos que rara vez tenían recorrido judicial, pero que encontraban una enorme amplificación mediática, lo importante no era perseguir delitos, sino sembrar la sombra de la sospecha en los adversarios políticos.
Aquí aparece otro elemento clave: el papel de ciertos medios de comunicación. No tanto por publicar información ya que esa es en principio su función, como por la naturaleza de lo que se publicaba y el contexto en el que se hacía. Cuando materiales sin respaldo sólido se convierten en eje del debate público, el efecto no es informar, sino condicionar, engañar a la ciudadanía para que no vote a partidos que le gustaban al gobierno de Rajoy, el hombre que no sabía nada, no sabía que en su partido había una caja B y que, presuntamente, tampoco que uno de sus ministros estaba utilizando dinero público y a policías nacionales para que no nos enterásemos de hasta donde llegó la corrupción de su partido. A estas alturas, ya incluso dudo que Rajoy ni siquiera sepa que fue el presidente del gobierno cuando pasaron todas estas cosas, y por tanto el responsable último.
Las grabaciones vinculadas al entorno del excomisario José Manuel Villarejo añadieron una capa adicional de complejidad. En ellas no solo se percibe la circulación de informaciones dudosas, sino también la conciencia, por parte de algunos actores mediáticos, como Ferreras o Inda, de que eran bulos. Y aun así, su difusión.
Villarejo, por cierto, ha sido presentado en muchas ocasiones como una anomalía: un personaje excesivo, casi de novela, que operaba en los márgenes del sistema. Es una explicación cómoda. La alternativa sería que su actividad fuera posible gracias a determinadas dinámicas internas, toleradas o incluso consideradas útiles por determinadas personas, resulta bastante más inquietante.
Llegados a este punto, la cuestión ya no es tanto si existió o no una policía política en sentido estricto, sino qué nos dicen estos episodios sobre el funcionamiento real de nuestras instituciones.
Porque hay un patrón reconocible: uso de recursos del Estado con fines políticos, generación o utilización de información de fiabilidad discutible, amplificación mediática y, finalmente, una rendición de cuentas que tiende a detenerse antes de alcanzar los niveles más altos de responsabilidad, porque oficialmente no sabemos quién es el famoso M. Rajoy de los papeles de Bárcenas, aunque la mayoría de la ciudadanía tiene claro quién es, probablemente, ese M. Rajoy.
Las investigaciones judiciales han avanzado, sin duda. Pero también es cierto que, a día de hoy, las consecuencias políticas y penales no parecen corresponderse del todo con la magnitud de lo que se ha ido conociendo. Y esa asimetría es, en sí misma, significativa.
No estamos, conviene decirlo, ante una dictadura ni ante una reproducción exacta de los aparatos represivos del siglo XX. La comparación, planteada en esos términos, es fácil de desmontar. Pero quizá también sea una forma de esquivar el auténtico problema, que en nuestra democracia tan consolidada y aparentemente modélica, hay gente poderosa que usa las instituciones del Estado en su propio beneficio.
Porque el riesgo no es convertirnos en algo que claramente no somos, una dictadura, por mucho que Ayuso y Abascal acusen a Pedro Sánchez de dictador, sino normalizar prácticas que erosionan, poco a poco, los principios que decimos defender, los principios en los que se basa la democracia. No hace falta suspender elecciones ni cerrar periódicos para eso. Basta con utilizar de manera selectiva herramientas que, en teoría, existen para proteger el interés general.
No deja de resultar curioso, que precisamente desde el partido político desde el que se acusa a Sánchez de dictador, se haya usado, presuntamente, a la policía nacional como una policía política al servicio del gobierno del PP.
Como suele pasar con las noticias relevantes, Ayuso nos ha regalado otra Ayusada, que tenemos que centrarnos en el caso de corrupción más reciente del PSOE y olvidarnos de la "policía patriótica" al servicio del PP de ayer, que seguro que es muy diferente del PP de hoy, porque han cambiado las caras y con eso ya se han renovado y huelen a rosas frescas.
No es que un caso de corrupción por motivos económicos no sea un problema, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que para la democracia, que se use a la policía para proteger los intereses del partido en el poder es, con diferencia, mucho más grave que un caso de corrupción.
Al final, lo más preocupante no es solo lo que ocurrió, sino lo que no ha ocurrido después. No ha habido una depuración completa de responsabilidades ni una sensación clara de cierre. Y en política, cuando determinados comportamientos no tienen un coste proporcional, dejan de ser excepcionales.
Estas acciones sientan precedentes.
Y los precedentes, por definición, están para ser utilizados posteriormente.
