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Juan Carlos Yoldi y Puigdemont. De bombas, votos y delitos graves

Juan Carlos Yoldi fue condenado a 25 años de cárcel por integración en banda armada, depósito de armas de guerra y estragos con resultado de lesiones graves. Era miembro de un comando de ETA en la zona de Guipuzcoa y, con sus propias manos, colocó bombas que provocaron graves heridas a personas inocentes.

HB lo integró en sus listas al Parlamento vasco y, tras ser elegido parlamentario, le presentó como candidato a Lehendakari. Pidió a la Justicia que le dejase acudir a la sesión de investidura. El Tribunal Supremo le autorizó a ello. Yoldi acudió y sólo obtuvo los votos de HB. Eran los años 80, con el 23-F muy reciente, atentados de ETA diarios y las reminiscencias del franquismo muy vivas, dada su proximidad temporal.

Carlos Puigdemont convocó un referendum y declaró la independencia de Cataluña mediante un acto simbólico que no tuvo efectos jurídicos algunos (sus propios promotores lo concibieron como mero brindis al sol, hasta el punto de que ni siquiera se atrevieron a retirar la bandera española del Palacio de la Generalitat pese a las peticiones de miles de manifestantes concentrados frente a ella). Ha pedido al juez que le permita acudir a la sesión de investidura, aún a sabiendas de que, en cuanto lo haga, será inmediatamente detenido. Solamente le pide ese pequeño paréntesis de libertad. Cabe destacar que Pugdemont cuenta con la mayoría del Parlament a su favor, y que estamos en el siglo XXI, muy lejos de los años de plomo donde ETA mataba cada semana. También cabe resaltar que ni Puigdemont ni los independentistas apoyan o han ejercido la violencia.

Si en el citado contexto el juez le deniega el permiso, y con ello impide a la mayoría parlamentaria (sostenida por millones de votos) elegir al candidato que quieren, podremos afirmar sin género de duda que nos encontramos más cerca del franquismo de lo que lo estábamos en los 80. Negar un permiso de unas horas cuyo fin es que el derecho de participación política de millones de personas no se vea malogrado, es propio de una dictadura. El Tribunal Supremo lo sabía en la época de Tejero. Veremos si lo sigue recordando en la época de Rajoy y Rivera.