La economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un total de 240.000 millones de euros, siendo las dos grandes bolsas de fraude las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias y las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales, según datos del colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).
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