El Juzgado de lo Penal 1 de Almería ha condenado a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), al considerar probado que no entregó "la documentación solicitada en innumerables peticiones, por lo menos, hasta 26", por parte del portavoz de la oposición, el socialista José Luis Amérigo.
fantastico. asi, con todos, sean del partido qeu sean.. negar informacion, impedir la entrada en los plenos, impedir grabar los plenos... un juez debería ver este tipo de cosas en juicios rápidos y decidir en cuestion de minutos la inhabilitacion, sobre todo, cuando hay pruebas claras
Falta información interesante, como la fecha del caso. Porque lo absurdo es tener que recurrir al juzgado para gilipolladas como esta y gastar dinero y perder varios años de tiempo. Y ojo que no se le ocurra recurrir y que el caso acabe en el tribunal superior.
Asuntos como este, o la prohibición de grabar plenos y tontadas similares de muchos alcaldes debían resolverse como los juicios rápidos de tráfico. ¿Qué pasaría si la documentación pedida pudiera demostrar la existencia de una prevaricación que podría haber caducado?
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fantastico. asi, con todos, sean del partido qeu sean.. negar informacion, impedir la entrada en los plenos, impedir grabar los plenos... un juez debería ver este tipo de cosas en juicios rápidos y decidir en cuestion de minutos la inhabilitacion, sobre todo, cuando hay pruebas claras
Me parece muy bien, ahora que le hagan lo mismo a los del PSOE y a los del PP.
La inhabilitación está bien, pero no creo que corrija su actitud, un poco de cárcel o multa es posible que sí.
#3 Hombre, no hay que pasarse, que eso genera un gasto, mejor una multa económica importante, algo que haga que no les compense.
Prefecto, ahora a ver si aplican al resto, bueno, no, a ver si aplican a los grandes (PP-PSOE), que esos se libran siempre de cualquier cosa...
Falta información interesante, como la fecha del caso. Porque lo absurdo es tener que recurrir al juzgado para gilipolladas como esta y gastar dinero y perder varios años de tiempo. Y ojo que no se le ocurra recurrir y que el caso acabe en el tribunal superior.
Asuntos como este, o la prohibición de grabar plenos y tontadas similares de muchos alcaldes debían resolverse como los juicios rápidos de tráfico. ¿Qué pasaría si la documentación pedida pudiera demostrar la existencia de una prevaricación que podría haber caducado?