El Estado no es responsable de los actos de terceros, pero se le considera responsable por el hecho de no prevenir, investigar, enjuiciar o indemnizar en relación con la comisión del acto. El Defensor del Pueblo inició 11 investigaciones de oficio a raíz de noticias aparecidas en prensa de trata con fines de explotación laboral. Ninguna fue considerada víctima por las autoridades policiales. Los esfuerzos se han centrado casi exclusiva en la trata con fines de explotación sexual. En 2010 y 2011 se identificaron 15.075 y 14.370 personas.