Uno de los argumentos utilizados por el Ministerio de Justicia para la imposición de las tasas judiciales consistió en la comparación con otros sistemas judiciales de nuestro entorno. Desde el 1 de octubre de 2011, en el sistema judicial francés, esta contribución ha venido siendo exigida a la parte que inicia el procedimiento, convirtiéndose, como en el caso español, en una condición de admisibilidad de la demanda. La norma establecía una cuantía fija de 35 € lejos de las desproporcionadas cuantías impuestas por nuestra Ley 10/2012.
Comentarios
Gallardón está trabajando en ello