obligaría a reorientar recursos masivos de otros sectores. Cualquier suma parecida impondría recortes severos en servicios sociales: sanidad, educación, pensiones, vivienda, etc. Como advierte un análisis publicado en el diario digital El Salto, “el gasto añadido supone imponer recortes en otros ministerios que afectarán al Estado de bienestar”. Incluso con la contabilidad “oficial” (cuyo techo era 33.123 millones para llegar al 2%), economistas ya alertan que “muchos recursos no se podrán destinar a la economía real” si se prioriza el rearme.
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