Tras la investigación, la jueza encargada del caso, titular del número 1 de Violencia de Género en Alcobendas,(Madrid) decretó su archivo el pasado 8 de abril. En el auto, la magistrada apunta "un posible ánimo espurio en la denuncia" porque días antes su ex pareja le había comunicado que debía irse de la finca donde se había instalado, propiedad del padre del hombre. Ella, según el auto de la jueza, se negó a irse y le hizo entonces a su ex pareja "reclamaciones económicas y de otras atenciones" que éste rechazó.

Once miembros de los colectivos sociales Zaharraz Harro, el Sindicato de Vivienda y Auzoan Bizi han recibido multas superiores a los 7.000 euros por tratar de impedir el desalojo policial

El hombre estaba en el suelo cuando recibió las puñaladas. Ha sido trasladado al hospital en estado grave

Reses descontroladas asfixian la convivencia en esta zona de Zamora entre ataques a la Guardia Civil, montes comunales "okupados" y el cobro de ayudas públicas bajo sospecha

El fenómeno de la okupación se ha convertido en otra de las causas que están saturando los juzgados. De acuerdo con los últimos datos disponibles –publicados este mismo mes de marzo– del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los tribunales recibieron hasta un total de 1.845 litigios por okupación ilegal en el último año natural. El análisis territorial muestra una fuerte concentración de estos procedimientos en determinadas comunidades. Cataluña se sitúa claramente a la cabeza, con 377 litigios en 2025.

Un informe del Servicio de Protección de Edificios de Cort advierte de que "el simple hecho de transitar por su interior puede provocar accidentes con posibilidad de consecuencia de muerte o de afección muy grave". Junto a ello, los técnicos alertan de la presencia extendida de basura y de residuos orgánicos de origen humano, cuya acumulación ha crecido de forma "exponencial" desde la última evaluación. Esa situación, concluye el informe, genera "un riesgo sanitario de carácter extremo".

"Yo toda la vida me he sentido una persona de izquierdas, liberal, y ahora a veces digo cosas en reuniones y me llaman facha", aseguró el cineasta, que afirmó que se cabrea porque las cosas por las que le llaman "facha" son, para él, "de lógica y sentido común". Santiago Segura puso como ejemplo su postura sobre la "propiedad privada" y de cuando la Policía no echa a algunos okupas por su condición de vulnerabilidad: "Que el Gobierno se haga cargo y haga viviendas públicas o ayudas a la vivienda. ¿Por qué tengo yo que resolver ese problema?".

Dice el dicho que a grandes males, grandes remedios. Y eso es precisamente lo que está haciendo el mercado inmobiliario, inmerso actualmente en una fuerte crisis habitacional marcada por el desajuste entre oferta y demanda. Este escenario ha propiciado el crecimiento de fórmulas alternativas de compraventa como son las operaciones con inquilinos, okupas o la venta de la nuda propiedad. Modalidades que ya existían en el mercado, pero que van en aumento y responden tanto a cambios legales como a factores demográficos.

Cristina, ingeniera de 35 años, compró un piso en Madrid por 265.000€. Llevaba 48 días viviendo allí cuando la policía entró en su casa de madrugada, la esposó y la metió en el calabozo. Bajó en pijama con las escrituras en el móvil. No sirvió de nada: 12 horas detenida, acusada de desobediencia y agresión. La jueza las archivó. Al salir, la cerradura había sido cambiada por la Sareb ("banco malo"). Tardaron 3 días en recuperar las llaves. La Sareb admite su "error" por vender pisos sin luz. La policia mantiene su versión.

Los pisos turísticos tampoco se libran de los problemas con sus inquilinos. En los últimos tiempos, se han registrado al menos diez alquileres vacacionales en Vigo en los que los visitantes se atrincheran una vez acabada su estancia y el propietario no consigue echarlos ni llamando a la Policía ni presentando una denuncia. Es decir, hay personas que contratan una vivienda de uso turístico en la ciudad a través de plataformas como Booking o Airbnb por un período concreto, pagando con antelación. El problema es que, cuando debían abandonar el pis

Los pisos turísticos tampoco se libran de los problemas con sus inquilinos. En los últimos tiempos, se han registrado al menos diez alquileres vacacionales en Vigo en los que los visitantes se atrincheran una vez acabada su estancia y el propietario no consigue echarlos ni llamando a la Policía ni presentando una denuncia. Es decir, hay personas que contratan una vivienda de uso turístico en la ciudad a través de plataformas como Booking o Airbnb por un período concreto, pagando con antelación.

Un paciente lleva unas tres semanas viviendo en una habitación de una planta de hospitalización del Hula pese a contar con el alta médica. Si bien el centro lucense, y prácticamente todos los de la sanidad pública, han registrado ya casos similares con anterioridad siempre han sido de personas que debían aguardar a que quedase disponible una plaza en una residencia. La peculiaridad de este es que el hombre no quiere irse del centro.

En Barcelona hay 32 espacios municipales okupados, y siguiendo una propuesta del Partido Popular, que ha replicado por todo el Estado, el Consistorio está decidido a desalojarlos todos. En octubre de 2025 el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, afirmaba que Barcelona "no puede ni debe dar pie a ocupaciones ilegales y aún menos cuando son bienes que pertenecen al conjunto de la ciudadanía".

Mucho cuidado con creerse demasiado lo que se cuenta en determinadas redes sociales y algunas televisiones. Uno podría acabar pensando que un hombre gato le va a okupar la casa cuando se vaya de vacaciones. Hablamos de los therian, personas que supuestamente se identifican y se sienten como un animal. La última polémica ficticia de la que los ultras se están aprovechando.

El Pleno del Congreso vota este jueves por segunda vez el real decreto-ley que contiene medidas como la revalorización del 2,7% de las pensiones para este año, así como un escudo social con ayudas para la rehabilitación de viviendas y para los afectados por catástrofes como la DANA, que se cobró la vida de 230 personas hace ya más de un año en la provincia de Valencia.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha confirmado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su grupo votará este jueves en contra del decreto sobre el llamado escudo social. En su intervención, Nogueras ha culpado a Sánchez de ese 'no' por su empeño en incluir en esa norma la moratoria antidesahucios a familias vulnerables, una medida que, según Junts, avala las "okupaciones".

Son la mitad de los hogares del edificio y representan una energía defraudada de 88.147 kW. Solo estas siete viviendas fueron capaces de consumir el equivalente a 25 pisos en un año. Estaban ocupadas todos por dos familias llegadas desde Valencia hace dos semanas, que se los han repartido y alteraron la convivencia. Vecinos de esta calle se han quejado reiteradamente por ruidos e incivismo en dos de los pisos. Afirman que ponen música alta de madrugada y pinchan tanto la luz como el agua provocando goteras en las paredes y humedades y charcos.

La abstención de los siete diputados de Junts bastaría para que saliera adelante, pero el grupo que dirige Miriam Nogueras ha asegurado que volverá a votar en contra -como ya hizo el pasado 27 de enero-, por considerar que protege "okupaciones" e impagos que afectan a pequeños propietarios catalanes.

El Obispado de Mallorca ha solicitado el desahucio judicial de una familia que ocupa ilegalmente el antiguo restaurante Miranda, enclavado en lo alto de na Burguesa, en Palma. Este establecimiento, cerrado al público desde hace años, y los terrenos que lo rodean, son propiedad de la diócesis mallorquina.