Campaña a conseguir el máximo número de firmas posible incluyendo el DNI, para que formen parte del cuerpo de la denuncia, y pidiendo a la fiscalía que admita a trámite la denuncia, para que se investigue si en los áños recientes, la actuación de políticos en los órganos de gestión del sector eléctrico, pudieran ser constitutivas de los delitos penales de PREVARICACIÓN y/o TRÁFICO DE INFLUENCIAS.