Las transiciones bruscas de velocidad como la de Angrois ya eran motivo de informes de seguridad en el seno de Renfe en el 2002, cuando todavía no existía el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Pero las medidas que recomendó un alto cargo de Renfe en una propuesta remitida a los responsables de seguridad de la empresa no se aplicaron hasta 12 años después, como consecuencia del accidente de Santiago en el que murieron 79 personas.