Son tres exalcaldes desde la dictadura franquista, Domingo González Arroyo, Rosa Fernández y Claudina Morales, 17 concejales y varios técnicos del Ayuntamiento de La Oliva los que han sido imputados en relación con la construcción del citado centro de ocio BAKU. El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, Juan Gallego Ortiz, viene investigando desde 2007 todo el entramado relacionado con el concurso de adjudicación de la polémica zona de ocio en una parcela municipal.
Comentarios
¿De los últimas 3 décadas? ¿Los denunciantes no han oido hablar de una cosa llamada 'prescripción del delito? Porque salvo que los denuncien por crímenes contra la humanidad, van listos...y aún en ese caso, deberían contar con el previsible indulto posterior de Gallardón.