c&p-El juez Baltasar Garzón ofreció a la Abogacía del Estado personarse como parte perjudicada en el caso contra la trama corrupta de empresas ligada al PP. En delitos fiscales como los investigados, la Hacienda pública es parte perjudicada, por lo que el Estado puede ser parte en la causa, que por ahora afecta a cargos públicos del PP en Madrid y Valencia.
El Gobierno no ha respondido aún a la invitación. Cuando se recibió la providencia de Garzón había dudas respecto al órgano judicial que se iba a encargar de la causa, que de momento ha recaído en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Comunidad Valenciana, tras la inhibición de Garzón. En sus autos, el juez sugiere que la competencia real para instruir este caso corresponde al Tribunal Supremo, debido a que los delitos se cometieron en varias comunidades y hay posibles implicados que ocupan cargos en el Senado (Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP) y en el Parlamento Europeo (Gerardo Galeote, europarlamentario popular).
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El Gobierno no ha respondido aún a la invitación. Cuando se recibió la providencia de Garzón había dudas respecto al órgano judicial que se iba a encargar de la causa, que de momento ha recaído en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Comunidad Valenciana, tras la inhibición de Garzón. En sus autos, el juez sugiere que la competencia real para instruir este caso corresponde al Tribunal Supremo, debido a que los delitos se cometieron en varias comunidades y hay posibles implicados que ocupan cargos en el Senado (Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP) y en el Parlamento Europeo (Gerardo Galeote, europarlamentario popular).