El contrato con el que el Estado griego vendió los derechos de explotación de la zona minera renunciando al canon por la concesión, fue investigado por la Comisión Europea, que dictó que se trataba de ayuda de Estado que incumplía la normativa europea de competencia. La sociedad compradora, fundada tres días antes, estaba controlada por el grupo Aktor, coloso de la construcción, adjudicatario de la mayoría de los proyectos para los Juegos Olímpicos de 2004 y perteneciente a la familia Bobolas, una de las más influyentes en la economía helena.