La Federación de Servicios de UGT manifiesta su rechazo a la nueva Ley de Seguridad Privada porque se privatizan servicios en detrimento del empleo y de la seguridad pública. Además, la ley no protege a los vigilantes en su conjunto, tal y como había prometido el Gobierno y la Policía. No elimina el intrusismo, al contrario, lo legaliza en manos de las empresas de seguridad para que amplíen su facturación en una parte del sector que se les escapaba, en detrimento de los trabajadores de la seguridad privada.