El estado avala e inyecta dinero en las entidades financieras. No puede dejar caer entidades dirigidas por los políticos de su partido: quedaría feo. Además, tiene que proteger a sus prestamistas y a los de sus amigos. Aparte, el estado exige a las entidades que compren deuda pública española, que para eso les ha financiado (en algunos casos, comprado, cuando el préstamo es incobrable,) con el dinero de todos.