Dos de los nueve municipios valencianos auditados por el Tribunal de Cuentas que desvían el 65% del dinero y el suelo del PMS a fines no previstos en la ley (Alicante, Calp, Castellón, Dénia, Elx, Orihuela, Santa Pola, Torrevieja y Valencia) podrían ver anulado su presupuesto. ¿Hasta dónde llega la codicia de estos dirigentes?