Cuatro millones de euros, ése es el dinero que la Comunidad de Madrid ha dejado de percibir por incumplir los objetivos de un convenio que ella misma había firmado con la Seguridad Social para mejorar la eficiencia en la tramitación de las incapacidades temporales. En algunos casos, el grado de cumplimiento fue cero.
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¿Por qué no me extraña nada?