Los 11 diputados colombianos recientemente asesinados en cautiverio cuando permanecían secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, murieron, al parecer, en medio de fuego cruzado entre los captores que los cuidaban y cazadores de recompensas que buscan cobrar los $2.5 millones que el gobierno ofrece por cada uno de los ocho miembros del ''secretariado'', máxima jefatura de esa organización criminal, dijeron ayer a El Nuevo Herald fuentes militares y analistas vinculados al ministerio de Defensa.