El Ejecutivo, después de haberse negado en los últimos años a hacer modificaciones en la Ley de Cajas, ha concluido que es necesario reformar su estatus jurídico y reducir el peso político en sus órganos de gobierno, aunque no cree que deba hacerse hasta la segunda mitad de 2010, una vez se hayan solucionado los problemas más urgentes que acucian al sector. Los ejecutivos bancarios no ven nada fácil que se llegue a un consenso sobre la reforma y recuerdan que los problemas actuales no existían antes de que se modificara la Ley de Cajas en 1987.