El Fiscal pide penas de prisión de hasta 5 años y 6 meses para los 8 acusados por el caso Sintel, a los que reclama 115 millones de euros para compensar los perjuicios provocados por la quiebra de la filial de Telefónica en 2001. "implantaron un modelo de gestión que, coherente con sus ilícitos propósitos, no pretende impulsar la actividad industrial de Sintel, sino hacer de ella un mero instrumento al servicio de sus intereses particulares y con menosprecio absoluto de los derechos de los trabajadores y acreedores"