Cuatro sindicatos del Cuerpo de agentes de Movilidad —CC.OO., CSI-F, UGT y UPM— han denunciado en un comunicado que este colectivo se ve presionado para multar a los ciudadanos, dándose casos de suspensión de empleo y sueldo para agentes que no cubren los objetivos. Acusan al Gobierno local de basarse en «una política de recaudación que deja en segundo plano el servicio».