España y otros siete países están presionando al Consejo y a la Comisión Europea para proteger el sistema ETS que fija el precio por tonelada de CO2 emitida por las grandes industrias de la UE, mecanismo que algunos Estados miembros consideran un lastre para la competitividad de los Veintisiete. Otros países como República Checa o Eslovaquia son contrarios a ese instrumento, que tampoco agrada a Hungría y que Alemania e Italia parecen dispuestas a reformar.