El estudio, según ha detallado Rekondo, cifra esta inversión perjudicial en una cantidad espeluznante. "En 2024, las administraciones públicas españolas concedieron cerca de 8.000 millones de euros a actividades y empresas relacionadas directamente con la pérdida de biodiversidad", ha sentenciado. Para el experto, es un momento clave "para reflexionar y para parar esa situación".
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