El Tribunal Supremo (TS) ha elevado a 290 millones de euros la cantidad que el Ministerio de Fomento debe a Canarias por los recortes que realizó durante la crisis en su convenio de carreteras, en una sentencia que suma los incumplimientos de 2013 a los ya reconocidos de 2012. El Gobierno de Canarias mantiene varios recursos vivos contra los recortes que el Estado impuso de manera unilateral a partir de 2012 a las inversiones en carreteras que se había comprometido a realizar en el archipiélago, que privaron a la comunidad autónoma de recurso
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