El Departamento de Justicia ha nombrado a 25 jueces de inmigración, dos tercios de los cuales son abogados militares, para juzgar casos civiles de inmigración. El Pentágono planea enviar cientos de ellos para juzgar en tribunales de inmigración. Se viola con ello la Ley Posse Comitatus que prohíbe a los militares aplicar la ley sobre civiles. Además, esto viola la norma fundamental que separa la autoridad militar de la gobernanza civil.
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