En febrero de 2021, medio año después de su envenenamiento, el opositor ruso pidió a la UE y al Reino Unido que sancionasen a 35 personas “que participan activamente en la opresión y corrupción que caracteriza al régimen de Putin”. La UE no le hizo demasiado caso: a principios de este año solo 6 de las 35 personas estaban entre los sancionados. La situación ha cambiado radicalmente con la invasión de Ucrania y ahora ya son 21