Es una correlación casi matemática: cada hospital privatizado que adjudica la Comunidad de Madrid se lleva por delante los recursos directamente públicos de atención a los enfermos mentales de la zona. Allí donde se implanta un centro gestionado por una empresa cuyos ingresos dependen del número de pacientes que maneja, los centros de Salud Mental son borrados del mapa: los enfermos quedan abocados a acudir al hospital privatizado.