La nueva ley permite a las universidades privadas a declararse instituciones públicas y, como tal, recurrir a los fondos asignados al presupuesto del Estado en diversas formas, tales como fondos para la investigación científica. El opositor Partido Democrático, que ha dado permisos a docenas de universidades privadas en la última década, también criticó la nueva ley, diciendo que va a dañar a los hijos de los pobres.